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Redacción Nacionales
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El anuncio del presidente Nayib Bukele de que su Gobierno estudia liberar condicionalmente a cerca del 50 % de las personas detenidas por supuesta colaboración con pandillas abrió nuevas interrogantes sobre el régimen de excepción y la narrativa oficial de seguridad. Para el periodista Leonel Herrera, el planteamiento representa un cambio significativo en el discurso gubernamental, que durante años presentó las capturas masivas como uno de sus principales logros.
Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Herrera y el periodista Francisco Valencia analizaron las implicaciones políticas de esta declaración, junto con la conversación entre Bukele y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el anuncio de una inversión de 2,900 millones de dólares del Grupo Cox, empresa española vinculada a los sectores del agua y la energía.
Los tres asuntos, según los comunicadores, permiten examinar las contradicciones del discurso oficial y las decisiones que podrían incidir en el futuro político y económico del país.
Una narrativa bajo cuestionamiento
Herrera consideró que la posibilidad de liberar a una parte de los detenidos contradice el relato que ha sostenido el Gobierno desde la implementación del régimen de excepción, cuando las autoridades presentaron a los capturados como integrantes o colaboradores de organizaciones criminales, y calificados como “terroristas”.
La discusión cobró relevancia después de que Bukele planteara la posibilidad de una liberación condicional para aproximadamente la mitad de quienes habrían colaborado con pandillas. En la entrevista también se mencionó la cifra de 100,000 personas encarceladas, atribuida a declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa.
Para Herrera, el anuncio obliga a reconsiderar las acusaciones dirigidas contra quienes denunciaron la existencia de detenciones arbitrarias y defendieron la revisión de los casos de personas encarceladas sin pruebas suficientes.
El periodista sostuvo que durante años las organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición fueron señalados por defender a pandilleros cuando cuestionaban las capturas indiscriminadas. Ahora, afirmó, el propio presidente reconoce que existen personas cuya participación en actividades relacionadas con las pandillas no necesariamente justificaría mantenerlas en prisión.
Valencia agregó que el planteamiento también genera interrogantes sobre los criterios utilizados para detener y procesar a miles de personas, así como sobre las razones que llevarían al Ejecutivo a reconsiderar parte de esa política.
Diferenciar responsabilidades y garantizar justicia
Herrera recordó que no todas las personas relacionadas con las pandillas se encuentran en la misma situación. Durante la conversación distinguió entre quienes cometieron delitos graves, quienes colaboraron voluntariamente con estructuras criminales, quienes fueron obligados a colaborar bajo amenazas y quienes fueron detenidos injustamente.
Esta diferenciación, explicó, resulta fundamental para establecer responsabilidades individuales y evitar que la política de seguridad sustituya la investigación judicial.
El periodista cuestionó que una eventual liberación dependa de decisiones anunciadas desde la Presidencia, cuando corresponde a las instituciones judiciales evaluar cada expediente conforme a las pruebas y las garantías legales.
También señaló que el anuncio debilita el argumento oficial según el cual una eventual victoria de la oposición permitiría la liberación indiscriminada de pandilleros.
A su juicio, la declaración presidencial demuestra que las decisiones sobre la población encarcelada están en manos del actual Gobierno.
La relación con Washington y las presiones internacionales
Otro punto de análisis de los dos periodistas fue la conversación entre Bukele y Marco Rubio, divulgada por el Departamento de Estado estadounidense. Según el comunicado citado durante el programa, ambos abordaron la seguridad de la infraestructura crítica y la necesidad de mantener los puertos salvadoreños libres de influencias extranjeras consideradas “malignas”.
Aunque el comunicado no identificó expresamente a un país, los periodistas manifestaron que estaba relacionada con la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, particularmente por la influencia sobre infraestructuras portuarias y otros activos estratégicos.
Herrera planteó que Washington podría estar ejerciendo presión sobre el Gobierno salvadoreño para definir sus relaciones internacionales y revisar asuntos que generan cuestionamientos fuera del país.
También consideró que las denuncias sobre posibles violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción han adquirido mayor visibilidad internacional.
Para Herrera, la coincidencia temporal entre estos acontecimientos merece atención, aunque no permite establecer por sí sola una relación causal entre la conversación diplomática y el anuncio presidencial.
Grupo Cox y la inversión anunciada
El tercer asunto discutido fue el memorando de entendimiento firmado por el Gobierno y representantes del Grupo Cox, mediante el cual se anunció una inversión prevista de 2,900 millones de dólares en El Salvador.
Herrera cuestionó que el anuncio se presentara como una inversión concretada cuando, según explicó, el documento expresa una intención de desarrollar proyectos, pero no constituye por sí mismo la confirmación de todos los negocios anunciados.
También señaló que durante la presentación no se precisaron datos sobre la cantidad de empleos que se generarían, los beneficios fiscales para el Estado ni el impacto económico directo para la población.
El periodista llamó la atención sobre los sectores en los que opera la compañía: agua y energía. A su juicio, la participación privada en estas áreas requiere transparencia, supervisión pública y garantías de que los servicios no se encarezcan ni se limite el acceso de la población.
Transparencia frente a la propaganda
Valencia y Herrera también cuestionaron la presentación de grandes inversiones como resultados inmediatos, sin información suficiente para evaluar su ejecución y sus beneficios. Herrera recordó, además, que algunos proyectos mencionados por Bukele como antecedentes de inversión fueron negociados o aprobados durante administraciones anteriores.
En ese contexto, sostuvo que la economía, el empleo y el costo de la vida continúan siendo asuntos centrales para la población salvadoreña.
Los tres temas convergen en una exigencia de información verificable: conocer quiénes podrían beneficiarse de las liberaciones, cuáles son los criterios legales para revisar los casos y qué compromisos concretos acompañan los anuncios de inversión.
Para Herrera, el posible cambio de discurso sobre las pandillas constituye un cuestionamiento a la narrativa oficial que dominó durante años. La discusión, sin embargo, no se resuelve con declaraciones políticas: requiere procesos judiciales transparentes, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas sobre las decisiones económicas del Estado.
