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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
Ante la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en la apelación NUE 38-A-2021 contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde se declara incompetente del acceso a los casos que involucren información de partidos políticos, Acción Ciudadana externó preocupación por los graves retrocesos que impiden conocer a la instituciones de controlaría y a la población los procesos de financiamiento de los movimientos políticos.
El 19 de febrero del 2021, los representantes legales de Acción Ciudadana remitieron vía correo electrónico un recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el TSE, en la cual el Tribunal resolvió que no era posible proporcionar la información solicitada sobre los informes financieros de los partidos políticos de 2018-2019, por ostentar la calidad de información reservada.
En ese sentido, la organización expuso la gravedad que representa que el IAIP se declare incompetente de conocer los casos actuales y futuros que revelan información de los partidos, sin importar que se encuentren en poder de entes obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública a cumplir con el derecho. “El día de mañana que nosotros le pidamos información al Ministerio de Hacienda sobre los partidos y nos niega la información, que de hecho ya nos negó, nosotros vamos a apelar al Instituto y va a decir que ese caso no lo conoce. Entonces, si los partidos niegan la información y el TSE también, no vamos a tener datos sobre el financiamiento de partidos políticos”, destacó Eduardo Escobar, representante de la organización.
Escobar infirió sobre el hecho de que, el IAIP podría trasladar el mismo criterio a otras materias en los casos presentados o futuros, relativos a la información de los partidos, sin importar que los entes estén sujetos a la Ley de Acceso a la Información Pública.
Asimismo, aseguró que “están usando la misma supuesta resolución, que habilita la reelección”, porque en dicho caso había un proceso de suspensión de los derechos de los ciudadanos por haberla promovido, y “de eso se valieron los abogados de la Sala de lo Constitucional para permitirla; usaron un proceso que iba en trámite para terminar en otra finalidad, o sea, procesos administrativos y judiciales para cambiar criterios”.
Según la organización, solicitó información sobre los procesos de financiamiento a los diversos partidos políticos del país, pero no respondieron o la negaron, hecho por el cual la organización requirió la petición al TSE, pero el tribunal justificó su negativa a ceder debido a que estaban en proceso de fiscalización de los partidos.
Acción Ciudadana reveló en el último informe presentado sobre el IAIP que la institución cada año registra menos casos resueltos con más del 60% rechazados, y en ocasiones son menos a favor de la ciudadanía y más a favor de las entidades públicas, lo que refleja un aparente interés por proteger las entidades políticas partidarias. La organización determinó qué es preocupante que un ente de control se auto establezca límites extralegales a su propia competencia, hecho que más instituciones están adoptando o se suman para anular avances democráticos y de transparencia que presentó el país en los últimos años, cómo la reelección presidencial, por lo que la organización instó a la ciudadanía a exigir a instituciones públicas el respeto al derecho al acceso a la información y recordó que su correcto ejercicio es condición necesaria para el combate contra la corrupción.
