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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Organizaciones de personas con discapacidad denunciaron las detenciones arbitrarias y abusos a tres personas con discapacidad durante el Régimen de Excepción, pese a que sus familiares mostraron evidencias de la condición, donde han sido evidente las faltas al debido proceso.
Asimismo, condenaron el asesinato de Oscar Alfredo Gallegos, persona con discapacidad psicosocial, originario de Sensuntepeque, Cabañas, detenido y asesinado mientras guardaba prisión en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Otros de los casos es el de Christian Alexander Machado Maradiaga, estudiante con discapacidad intelectual, y alumno de la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla, departamento de La Libertad, detenido arbitrariamente y luego liberado por la presión social; Walter Díaz, persona sorda, detenido en San Antonio del Monte, Sonsonate, trasladado al Centro Penal La Esperanza.
Jesús Avalos Escobar, representante de la Asociación Los Angelitos, exhortó al Órgano Judicial que en cumplimiento a su mandato agilice la emisión de directriz, para aplicar medidas y mecanismos que garantice a las personas con discapacidad el acceso a la justicia, el debido proceso y la pronta y debida justicia.
Mientras tanto, Mauricio Villanueva, de la Asociación Salvadoreña de Personas Ciegas y discapacidades Múltiples para la Superación Integral, pidió al Estado hacer lo necesario para que los detenidos tengan el debido proceso, y de no ser culpables sean liberados de inmediato.
“Es de hacerles ver a las autoridades que si muchos de nosotros no atendemos a los llamados que nos hacen no es porque no queramos hacerlo, sino algunos sufren de sordera o discapacidad mental”, enfatizó Villanueva.
En el Día Nacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de mayo, este sector de la población mostró su preocupación ante el deterioro de la institucionalidad por parte del ministerio público que debe promover, proteger y garantizar los derechos humanos de estas personas. Las organizaciones de y para personas con discapacidad pidieron al presidente de la República, Nayib Bukele, instruya a su gabinete de gobierno para que las secretarías del Estado asuman sus responsabilidades, adopten medidas, mecanismos y presupuestos para la inclusión de este sector poblacional.
Además, exhortaron a la Asamblea Legislativa a cumplir con responsabilidad su mandato e inicie el proceso de la armonización de la legislación nacional, en conformidad con los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo, y tome en consideración a las Observaciones al Estado salvadoreño por parte del Comité de Expertos de la ONU, emitidas en 2019 durante el último examen de cumplimiento de dicha Convención.
Hicieron un llamado al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) que en su calidad de ente rector, ejerza la rectoría a partir de las atribuciones conferidas en la Ley Especial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
