Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) recibió una denuncia sobre las detenciones arbitrarias que mujeres salvadoreñas están viviendo, luego de ser acusadas por homicidio agravado tras haber sufrido emergencias obstétricas en sus embarazos, al presentar cuatro casos para su estudio.
La denuncia interpuesta por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Reproductivos (CCR), Women’s Equality Center (WEC) y la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto argumentaron la confluencia reiterada de la violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Esta es una oportunidad para continuar visibilizando ante el mundo la sistemática de violación de derechos humanos que sufren las mujeres en nuestro país, a raíz de la penalización absoluta del aborto. Con estos cuatro casos emblemáticos esperamos que el Grupo de Naciones Unidas determine que El Salvador persigue y detiene arbitrariamente a mujeres, que sufren emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios; particularmente aquellas en condición de pobreza y ruralidad. Todo ello configura un contexto de criminalización de las mujeres, que muchas veces inicia en las salas de emergencia de hospitales públicos”, señaló Morena Herrera de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Solo entre los años 2000 y 2014 la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto identificó 149 casos de procesos jurídicos por aborto u homicidio agravado, contra mujeres que enfrentaron emergencias obstétricas.
Asimismo, la Agrupación Ciudadana, CEJIL, CCR y WEC señalan que en todos los casos las detenciones de las mujeres se produjeron sin orden judicial y carecer de fundamento legal, tanto la tipificación del delito, como el criterio de aplicar prisión preventiva, contradice el derecho internacional.
El argumento de las organizaciones es que en estos casos, se hace evidente la presencia de cuatro de las cinco condiciones para considerar la configuración de una “detención arbitraria”, como lo establece el Grupo de Naciones Unidas (ONU), consecuencia de la prohibición absoluta del aborto, que criminaliza y estigmatiza a las mujeres.
El Salvador está considerado como uno de los seis países en América Latina donde el aborto es penalizado en todas las circunstancias, en donde las mujeres que por razones ajenas a su voluntad se enfrentan a complicaciones durante su embarazos; son perseguidas judicialmente y en la mayoría de los casos, las mujeres viven en un contexto marcado por la exclusión social, deficiente acceso a la salud y una educación sexual deficiente, así como la violencia e impunidad en casos de abusos en contra los derechos de las mujeres.