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Samuel Amaya/@SamuelAmaya
Autoridades del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas presentaron una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) en contra del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por el incumplimiento injustificado de los plazos señalados en la LAIP. Los abogados llegaron en representación de una periodista de Radio YSUCA que, en particular, la comunicadora solicitó al Ministerio de la Defensa, informes sobre el proceso de ascenso que tuvo el titular de dicha cartera de Estado, René Francis Merino Monroy, al cargo de contraalmirante; sin embargo, se negó a entregarlo y eso llevó a que se presentara una apelación al IAIP.
Se tuvo la audiencia como marca la ley, pero esta misma señala que tres días después de dicha audiencia, el IAIP tenía que expresar su decisión final. Sin embargo no lo hizo y, por tanto, le debía dar la razón a la peticionaria y obligar al Ministerio a que entregase la información, pero esto tampoco lo cumplió. “Nosotros también le hicimos ver al instituto que tiene la obligación de dar la razón a la peticionaria a través de un escrito y a pesar de
ello el IAIP sigue guardando silencio”, afirmó el abogado denunciante Manuel Escalante.
En pocas palabras, lo que se estaría dando es un incumplimiento injustificado del mandato legal, “eso es una prohibición que se encuentra en el artículo 6 literal i de la Ley de Ética Gubernamental”, expuso Escalante. Dicho literal establece que son prohibiciones éticas de los servidores públicos el “retardar sin motivo legal la prestación de los servicios, trámites o procedimientos administrativos que le corresponden según sus funciones”.
Según el abogado, la información solicitada al Ministerio de la Defensa viene desde poco antes de la entrada de la pandemia, mientras que la audiencia se realizó a finales del año 2020 y desde entonces no han tenido respuestas del instituto. Mientras que el IDHUCA espera que el TEG señale que existe una infracción y sancionar a los magistrados involucrados sino para que no vuelva a ocurrir, “porque realmente lo que está ocurriendo en el Instituto es que se está dilatando el ejercicio de acceso a la información pública.
Si el Instituto es el garante de que el derecho de acceso este vigente en el país y ellos mismos están dilatando ese ejercicio, es inconsecuente, es estar atentando con la Ética Gubernamental”, enfatizó.
Además, el abogado Manuel Escalante aseguró que se debe entregar la información que se pidió por parte de la periodista, ya que es un derecho que se supone se dispone por parte de la prensa salvadoreña.
Agregó que para que esta denuncia florezca, el TEG no tiene un plazo pre-establecido, pueden ser días, semanas, o incluso meses, “ese es un problema de nuestra institucionalidad, aunque la ley establezca algunos plazos las mismas instituciones lo van alargando”; sin embargo, como IDHUCA estarán expectativos en las próximas semanas si se admite la demanda.
“Si el TEG tampoco responde adecuadamente, ni en los tiempos de acuerdo con la ley, vamos a evaluar irnos a otras instancias nacionales o internacionales, para decirle al mundo que en el país hay instituciones que no dependen necesariamente del órgano Ejecutivo que están funcionando mal y que no están promoviendo la transparencia ni la ética”, finalizó.
