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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
En el contexto del Día Nacional de la Persona Defensora de Derechos Humanos, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos afirmó que todavía no cuentan con una ley que reconozca y proteja las personas defensoras de DDHH; a pesar de que existe la declaratoria internacional que emitió la Organizaciones de Naciones Unidas; “hasta este día, El Salvador no ha dado pasos para contar con un marco jurídico que reconozca la labor”, enfatizó Loyda Robles, miembro de la Mesa.
Por el contrario, se cuenta con un Asamblea Legislativa que mandó al archivo la propuesta de “ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos para la promoción y garantía del derecho a defender derechos humanos” que realizaron las organizaciones de la sociedad civil. “No le interesa la institucionalidad del Estado”, destacó Loyda Robles directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
La labor de defender derechos en la actualidad se desarrolla “en un escenario hostil”, ante un aparato estatal “que intenta reprimir las voces y deslegitimar las luchas de las personas defensoras, esto ha sido una práctica común a este gobierno y se ha profundizado durante el Régimen de Excepción al vincular nuestras acciones de promoción y defensa de derechos humanos con actividades delictivas o ilegales, lo cual constituye criminalización y deslegitimación de nuestra labor”, dijo la Mesa.
Se populariza, además, un discurso de odio y de persecución encabezado principalmente por altos funcionarios, desde el presidente de la República, Nayib Bukele hasta diputados oficialistas; de igual forma, “ataca a través de su aparato de comunicación del Estado, el cual, está dispuesto para alzar una figura, pero también para desacreditar la labor de defensa de los derechos humanos”.
Recientemente, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos presentó el informe: “Defendiendo derechos humanos en contextos de crisis: Análisis de casos de agresiones contra personas defensoras y periodistas, 2021-2022”, el cual evidenció que prácticamente todos los días, las personas defensoras y periodistas sufren al menos un ataque. Además, se encontró que el derecho más vulnerado es la libertad de expresión y prensa, lo que se traduce en que cada vez que una persona defensora o periodista ejerció este derecho, se generó una agresión para limitar la posibilidad de debate, difundir información a la ciudadanía y denunciar violaciones a derechos humanos.
La Mesa recordó que el informe señaló que la forma en que estas agresiones suceden es a través de la estigmatización o descrédito, intimidación, acoso y la amenaza proveniente principalmente de funcionarios e instituciones públicas, dirigida con más énfasis hacia las mujeres defensoras que se atreven a ir en contra del discurso oficial; esta situación es contraria a los estándares internacionales que insta a los estados a proteger y promover la labor de defensa de derechos humanos.
Desde enero 2021 a junio 2022, las organizaciones registraron directamente 246 personas defensoras y periodistas que fueron víctimas de violación, vulneración o agresión y a través de monitoreo de medios de comunicación, se registraron 415 casos.
“No hay duda que la vulneración a la que como personas defensoras estamos expuestas es inminente, ya que no existen leyes o marcos normativos de protección nacionales para defensores y defensoras de derechos, a pesar de que instrumentos internacionales reconocen el derecho a defender derechos”, lamentó la Mesa en su conferencia de prensa.
La Mesa pidió respeto y garantía de derechos humanos para los salvadoreños. Respeto a la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Un alto a la criminalización y estigmatización de las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos. Exigen una protección integral para quienes se dedican a la defensa de derechos, una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) objetiva y cumplidora de su mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos.
Régimen de Excepción
Sobre esta medida que ha implementado el Gobierno desde finales de marzo, la Mesa ha advertido en reiteradas ocasiones de los vicios de “inconstitucionalidad” que tiene el Régimen de Excepción, pues es una condición permanente para supuestamente resolver una situación que le corresponde al mismo Estado. “Está utilizando un régimen con vicios de inconstitucional a efecto de justificar una inoperancia en razón del control de la inseguridad que hay en el país”, destacó Loyda Robles.
A la fecha, van más de 55 mil supuestos pandilleros capturados; pero entre esas personas, miles de inocentes que nada tienen que ver con las pandillas. En ese sentido las organizaciones que conforman la Mesa hicieron un llamado a que no se siga prorrogando ya que en la práctica se generan oportunidades para que haya abusos de poder y violaciones a derechos humanos donde se hace uso de la fuerza por parte de autoridades para atribuirles delitos como agrupaciones ilícitas.
