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Por Ricardo Sosa
Doctor y máster en Criminología
@jricardososa
El Salvador ha cerrado el año 2025 con una cifra que redefine su realidad estadística y social: 82 homicidios intencionales en un año, lo que se traduce en una tasa de 1.3 por cada 100,000 habitantes. Marca en mi opinión el fin del monopolio del crimen que ejercían las pandillas criminales. Sin embargo, desde la óptica criminológica, el análisis no debe detenerse o centrarse en la reducción cuantitativa que no es minimizarla, sino en la naturaleza cualitativa de la violencia remanente para que nos permita en este año 2026 avanzar como sociedad.
Al desglosar los datos, el panorama es revelador. De los 82 homicidios intencionales registrados, 43 corresponden a intolerancia social y 31 a intolerancia familiar. Esto significa que el 90.2% de esos homicidios en El Salvador ya no son producto del crimen organizado, sino de la incapacidad ciudadana para gestionar conflictos de manera pacífica. Mientras que la delincuencia general apenas sumó 8 casos correspondiente al 9.8%, la violencia en el seno del hogar y en las interacciones cotidianas se ha convertido en el principal generador de letalidad.
Esta «violencia de proximidad» se manifiesta también en los medios utilizados: el uso de armas blancas (41 casos) y objetos contundentes (18 casos) superó significativamente al uso de armas de fuego (13 casos). Criminológicamente, esto sugiere que el Estado ha logrado neutralizar las estructuras logísticas y operativas de las pandillas —reflejado en la incautación de armas y la captura de 6,584 pandilleros terroristas en el año 2025—, pero aún persiste una cultura de confrontación física inmediata.
El sistema de justicia ha dado un paso firme al pasar de un 97% de impunidad en el delito de homicidio simples y agravados en 2019 a una tasa de efectividad del 100% en la resolución de homicidios en 2025. Cada uno de los 82 casos fue resuelto con la captura del o los posibles involucrados, enviando un mensaje claro de que la justicia ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. No obstante, el castigo penal, aunque necesario para erradicar la impunidad, es una medida reactiva que no alcanza a modificar las raíces de la intolerancia social. No se puede asignar un policía en cada familia, en cada comunidad, residencial, cantón o caserío para evitar las diferencias y que escalen amenazar, lesiones o causen la muerte.
Hacia una Criminología de la prevención primaria
Para abordar este residuo de violencia interpersonal, es imperativo transitar hacia políticas de seguridad pública que prioricen y tengan como ejes transversales la salud mental, física y la educación emocional, como lo pueden ser los programas de mediación y facilitadores judiciales que impulsan la PGR y el Órgano Judicial por medio de los Juzgados de Paz que logran mediar y resolver problemas de convivencia diaria con excelentes resultados.
Recomiendo se creen Redes de Apoyo a la Salud Mental: Desestigmatizar y masificar el acceso a servicios psicológicos para familias, atacando directamente los 31 casos de intolerancia familiar detectados. Todas y todos necesitamos apoyo psicológico y trabajar en un plan personal y familiar de salud mental y física.
Es vital que las alcaldias a nivel nacional, todas, asuman su rol con relación a los permisos de cantinas, bares, cervecerías, pupuserías o similares que son verdaderos “chupaderos” donde se consume alcohol sin ningún tipo de restricciones y es allí o en el perímetro donde inician las discusiones y violencia producto del alcohol etílico, y en muchos casos esa violencia llega al interior de los hogares contra las mujeres y sus hijos. Y ya no se puede continuar con el discurso de alcaldes que dicen que no tienen procedimiento para cerrar los negocios ilegales.
Hagamos como sociedad que este año 2026 sea año de sana convivencia, cultura de paz y de resolución alterna de conflictos y diferencias. Apliquemos la Regla de Oro principio enseñado por Jesús que dice: «Haz a los demás como quieres que te hagan a ti” resumido como un mandato de empatía y reciprocidad: tratar a los demás con la misma amabilidad, respeto y justicia que uno desea recibir, siendo una guía para la conducta humana basada en el amor.
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