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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó un estudio sobre la situación del fenómeno de la desaparición en El Salvador y la respuesta del Estado en el periodo 2019 – 2022. La ineficiencia del Estado en este tema ha sido significativa, tanto que en ese lapso se han registrado más de 6 mil casos.
El director ejecutivo de FESPAD, Henri Fino, dijo que “una de las cosas más importante en esta investigación es la voz de las víctimas. Lo poco que se ha trabajado en este país sobre el problema de las desapariciones, se ha hecho desde escritorios u oficinas con aire acondicionado ignorando a las víctimas y revictimizandolas”.
Dicha investigación refleja “el gravísimo problema” que los salvadoreños enfrentan y que “lamentable no existe un abordaje con seriedad y en la búsqueda de soluciones”. Una de las situaciones más importantes, es encontrar a los desaparecidos o deducir las responsabilidades de quien los ha desaparecido, “ninguna cosa ha sucedido”, enfatizó Fino.
De 2019 a 2022 han desaparecido 6,443, de los cuales más de 2,000 siguen activas. “El total de casos de personas desaparecidas entre 2019 y junio de 2022 ronda los 6,443, de los cuales, los casos activos pudieran llegar a los 2,397, esto es, el 37.20% del total de casos”. “Es un número bastante alto ¿qué hace el Estado y Gobierno de El Salvador?”, cuestionó Fino en la conferencia de prensa.
El exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Benjamín Cuellar, expresó su preocupación en la falta de transparencia en los casos de desaparición ya que encontrar datos oficiales es “casi un milagro”. Sobre este punto, Henri Fino reiteró que la información en El Salvador “es nula”, en contraste, las cifras oficiales por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) no llegan a 1,000 desapariciones.
Benjamín Cuellar sostuvo que “los familiares de las víctimas, al pasar del tiempo sienten el cansancio, por eso se realizó un decálogo donde se cumplan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Desarrollo Humanos (CIDH)”.
El director de Acceso a la Justicia de FESPAD, Héctor Carrillo, dijo que con la actual administración no se tiene un cambio respecto a este problema, inclusive aquellas personas que han sido capturadas bajo el régimen de excepción y que sus familiares no conocen su paradero, también se podría catalogar como desaparición.
“No tenemos resultados concretos en esta gestión. Si quieren las autoridades tener cambios sustanciales, deben actualizar el banco de datos de ADN el cual es una promesa en el plan Cuscatlán”, remarcó Carrillo.
En la presentación del estudio se hicieron presentes familiares de personas desaparecidas quienes brindaron relatos sobre sus situaciones. Dicha investigación tiene como objetivo, establecer cuál es la situación actual de problemática de personas desaparecidas en El Salvador y cómo el Estado viene respondiendo a ella.
La investigación surge a partir de testimonios de algunas familiares de víctimas de desaparición, integrantes del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador.
“Se concluye que la atención que las familias de las victimas reciben en las instancias correspondientes sigue siendo deficiente; la falta de empatía y sensibilidad del personal que atienden de manera directa a las víctimas, la ausencia de investigaciones serias, exhaustivas y concluyentes desde la FGR con el apoyo de la PNC, la revictimización de las familias, hasta cuestionamientos de tipo sexista y misóginos cuando las víctimas son mujeres, son algunos de los principales problemas a los cuales se enfrentan al momento de informar sobre una desaparición o durante el proceso de investigación”, puntualizó la postura oficial de la organización.
