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Redacción Nacionales
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La comunidad Cuatro Vientos, del cantón El Zapote, ubicado en el kilómetro 72 del bulevar Costa del Sol, municipio de San Luis La Herradura, La Paz, indicó que desde mayo de este año, un grupo de 65 personas enfrentan un proceso de desalojo ante el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, sin embargo, denunciaron que los datos personales para entablar la demanda fueron obtenidos mediante engaño de forma irregular, y a través de la institucionalidad del Estado.
“Dijeron que andaban unos policías enmascarados sacando unos datos. A algunos vecinos les dijeron que andaban de parte del presidente para una mejora de vivienda, a otros les decían que les iban a dar víveres, al hablar a la policía de Los Blancos nos dijeron que si eran policías, pero andaban haciendo otras cosas”, explicó una de las habitantes de la comunidad.
Asimismo, señalaron que no se han individualizado a las personas demandadas. Algunas no habitan en la comunidad, otras ya fallecieron y muchas ya no continúan viviendo en el asentamiento.
Estas familias son apoyadas por el Movimiento Nacional en
Defensa de la Tierra (MOVITIERRA) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), ya que el desalojo lo enfrentan bajo el proceso establecido en la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles.
La dilación del proceso ha favorecido a la entidad privada que reclama la propiedad del inmueble. En la búsqueda de apoyos, la comunidad ha dirigido una petición a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, para que desde el gobierno dé una atención integral frente a un potencial desalojo forzoso.
Sin embargo, la cartera de Vivienda le expresó a la comunidad que cuando tenga una orden de desalojo se avoque a ellos, los habitantes están en una condición de temor y expectativa, debido a la incertidumbre que genera el proceso judicial.
Dicen que se encuentran en un estado de desamparo ante la falta de atención y diligencia de las instancias nacionales y municipales para proveer de alternativas reales.
Además, pidieron a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, tomar una posición en favor de la comunidad Cuatro Vientos, y asuma su función como instancia rectora en materia de vivienda, y acompañe a la comunidad brindando propuestas de solución estructural a la problemática que enfrenta la misma.
Los habitantes de la comunidad Cuatro Vientos exigieron a las instancias judiciales respetar el debido proceso, la garantía de audiencia y defensa, pues a la fecha ya no encaja en los presupuestos establecidos en la Ley para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, según decreto Legislativo 23 del año 2009.
La comunidad demandó de la Asamblea Legislativa que reconozca el impacto negativo generado en la población más vulnerable del país, debido a la aplicación de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, y que abra nuevamente la discusión sobre la necesidad que dicha ley sea derogada.
