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Como era de esperarse, tal como ocurrió el en junio de 2019, cuando asumió la Presidencia de la República Nayib Bukele, comenzaron los despidos masivos para colocar a la gente más leal al partido de Nuevas Ideas y sus aliados, en la mayoría de los casos, no con la idoneidad que el puesto requiere. Más de diez mil trabajadores fueron despedidos de un solo brochazo al eliminar cinco secretarías, entre ellas dos de gran labor pública y reconocidas internacionalmente como la Secretaría de Inclusión Social y la Secretaría de Transparencia.
Y para tener contento a los millares de votantes, el Ejecutivo justificó que los despedidos eran los familiares y militantes del FMLN que llenaban las bolsas de la “fábrica de empleos”. Todo esto, salvo unos casos contados con los dedos de las manos, se trataba de trabajadores que en algunos casos les faltaban cinco, cuatro y hasta un año para jubilarse. Muchas mujeres, y hasta hombres, lloraron por la “medicina amarga” que ofreció el presidente para tener tranquilos a sus votantes que claman por “venganza”, “castigo” y “humillación”, a lo cual ha respondido el presidente Bukele.
Desde el 1 de mayo pasado, está sucediendo lo mismo en las alcaldías ganadas por Nuevas Ideas. Han iniciado los despidos sin seguir los debidos procesos, tal como lo manda la Ley del Servicio Civil. Simplemente han ordenado no dejar entrar a los trabajadores despedidos, y para ello, incluso, en el caso de la alcaldía de San Marcos, llamaron a la policía para poner el orden y que se cumpliera la disposición de las nuevas autoridades municipales.
Mientras tanto, los sindicatos del sector público y municipal, lejos de estar mediando por sus compañeros de labores, estaban concentrados en diferentes puntos para aplaudir el golpe de Estado al Órgano Judicial, al destituir a la Sala de lo Constitucional, y poner otros que obedezcan las órdenes del presidente Bukele.
Hace un año y medio, algunos trabajadores públicos despedidos pudieron acudir a la Sala de la Constitucional a poner un amparo. La Sala destruida resolvió de forma diligente en la mayoría de los casos de empleados públicos, y obligaron al Ejecutivo a ponerlos en sus puestos de trabajo y, de paso, pagar los salarios caídos.
Los nuevos despedidos de las alcaldías municipales, sobre todo las gobernadas por Nuevas Ideas, están totalmente desamparados, porque no tienen una Sala de lo Constitucional que vele por sus intereses como ciudadano afectado por una arbitrariedad del Gobierno Municipal. Esto es parte de la gravedad del Golpe de Estado al Órgano Judicial, pues los salvadoreños estarán huérfanos del amparo judicial, ya que los cinco pusilánimes magistrados recién electos responderán a los intereses del presidente Bukele y no del pueblo.
Lo lógico sería que ante tal orfandad, los sindicatos deberían estar al frente de la lucha para salvaguardar los puestos de trabajo de sus compañeros y compañeras trabajadoras, pero no, están aplaudiendo las ilegalidades que ordenó el presidente Bukele a su Asamblea Legislativa. Esto es un contrasentido, pues las dirigencias sindicales deberían estar primero al servicio de la clase trabajadora, de los grandes intereses del pueblo, y, solo por último, discutiendo con el Gobierno para que todo marche bien.
Aplaudir a la Asamblea por haber obedecido al presidente en la destrucción del único órgano de control público es una aberración. Claro, esto pasa por lo que escribíamos el viernes pasado en la víspera del Día Internacional del Trabajo. Y es que desde la firma de la paz se perdieron las escuelas sindicales y, sobre todo, su formación marxista. Hoy, cualquiera es dirigente sindical y estos lo primero que hacen es acercarse a la patronal y ponerse a su disposición, sea esta privada, pública o municipal.
Lo que sí queda claro, con los despidos de los empleados municipales, es que Nuevas Ideas es ya parte del club de “los mismo de siempre”, pues hacen lo mismo que los partidos anteriores: despedir a los antiguos empleados para llevar a los suyos.
