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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“El derecho humano al agua junto a su saneamiento y la alimentación adecuada, son necesidades muy sentidas de la población, más que todo fundamentales y pedimos a Dios, que se logre la ratificación”, dijo en su mensaje el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, en Cripta de Catedral Metropolitana, en el marco de la firma compromiso de los partidos políticos por la ratificación de ambos derechos humanos.
La Campaña por el Derecho Humano al Agua y la Alimentación, que impulsa un colectivo de organizaciones sociales, ambientalistas e iglesias históricas, convocó a los presidentes o secretarios generales de los diez partidos políticos en contienda por diputaciones y gobiernos municipales, para este próximo 28 de febrero, a una “firma compromiso”, para lograr que estos derechos reconocidos por la ONU, hace más de una década, sea ratificado en el país, para garantizar este beneficio a la población.
De los diez partidos políticos, solo cuatro se hicieron presentes: Dina Argueta, del FMLN; Nuria Espínola, Democracia Salvadoreña; Linda Villalta, PCN y Sofía Vaquerano, del Partido VAMOS, quienes reconocieron la trascendencia de firmar dicho compromiso público de cara a los compromisos “urgentes” que debe resolver el Estado salvadoreño.
Sobre el convenio las organizaciones y las iglesias señalaron que la actual legislatura ha aprobado dos reformas a la Constitución de la República, uno que reconoce el derecho humano al agua y su saneamientos. Y, el segundo, vinculado a la alimentación adecuada. El artículo 2, inciso primero y el artículo 69, en donde se adicionan estos derechos que debe garantizar el Estado salvadoreño.
“Que importante se vuelve hablar de agua y alimentación en el país, que deberían ser los temas a discutir y no los candidatos. Para nosotros y en representación de mi partidos asumimos este compromiso”, dijo Dina Argueta, candidata del FMLN. Mientras que Nuria Espínola, de Democracia Salvadoreña, afirmó: “No es un secreto para nadie que hay muchos municipios sin acceso a agua, la obtienen por pipas, y estamos viviendo aún, una situación de pandemia y es duro que esa situación es porque no se ha aprobado una ley que garantice el acceso digno al agua”.
Sofía Vaquerano, de VAMOS, reconoció que aún sin tener representación legislativa, aseguró que el objetivo es llevar al pleno ambos temas. “Hemos identificado en el territorio que uno de los principales retos que enfrentan las personas dedicadas a la agricultura no tienen relevo generacional, porque no existe una educación con este tema”, manifestó.
Linda Villalta, del PCN, sostuvo: “Venimos a ratificar este convenio, por derechos que son tan importantes y los felicito por esa entrega y lucha. Yo he andado en el territorio y me he dado cuenta de la falta de agua que hay en el país”.
Amalia López, de la Alianza contra la Privatización del Agua, señaló que era muy importante en este tipo de intercambios con los partidos políticos, verificar el nivel de compromiso al lamentar la ausencia de los partidos NI, CD, GANA, ARENA, PDC y NT, en el acto de la firma de convenio-compromiso por la ratificación de ambos derechos.
“El agua potable, su saneamiento y la alimentación, son importantes derechos y son una deuda pendiente aún en el país; felicitamos a la Asamblea Legislativa actual, que pudo ponerse de acuerdo y aprobar la reforma, pero necesitamos la ratificación. Y es bueno saberlo ahora que hay un proceso electoral para que muestren su trabajo, y queremos hacer un llamado a los partidos políticos, porque son los que necesitan humildad, no la población que es el soberano y para aquellos institutos que no adquieren el compromiso no están a favor de la población, de las grandes mayorías, de los pobres de este país y no es la forma de hacer política”, argumentó López.
El Cambio Climático, junto a otras problemáticas como el acceso y calidad de agua en el país, ha sido un tema ampliamente debatido por organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos, que coincidieron con las valoraciones de Léo Heller, experto y relator especial de las Naciones Unidas (ONU), quien visitó el país (2016) para presentar un informe sobre el tema y finalmente recomendó al gobierno salvadoreño “proteger a los más desfavorecidos”.
“De esta forma podrá garantizar que no haya retrocesos en los avances logrados y que las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad no sean las mismas que sufran en mayor grado los efectos negativos”, dice una parte del informe presentado a la ONU.
Danilo Pérez reiteró la necesidad de estos derechos, ante una realidad que 2.2 millones de personas viven en pobreza, y que en el último año 609,000 personas se han sumado a esta situación por el impacto directo del COVID-19, aunque consideró que estos datos eran conservadores, ante la realidad apremiante que se ha instalado en el país.
“Sabemos que 600,000 personas no tienen agua en el país. Y otros cientos de miles de personas tienen un serio problema con la constancia del servicio de agua potable a su casa. Estos son los grandes problemas que tiene la población salvadoreña, sin resolver. Con la campaña de las organizaciones sociales e iglesias históricas, que formamos parte de la población, estaremos pendientes después de las elecciones a que se ratifiquen las reformas constitucionales, porque no se vale, ni puede ser que en la próxima Asamblea Legislativa, como esté configurada no se vaya a ratificar”, puntualizó.
