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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, señaló que ha sido intencional la ambigüedad de lo aprobado en el Régimen de Excepción. Está totalmente abierto a violaciones masivas a los derechos humanos, lo cual deja al arbitrio de cualquiera decidir qué hacer con una persona considerada sospechosa de ser delincuente; a alguien lo pueden detener sin decirle las causas y sin derecho a tener un defensor.
“En el Decreto del Régimen de Excepción tendría que haberse dicho que si se suspendía el plazo de 72 horas para la detención administrativa, cuál sería el nuevo plazo para ello. Detengamos montonazo de gente, los vamos a tener 15 días encerrados y ahí vamos a ver de qué los logramos acusar, esa no es una detención administrativa, es una detención arbitraria”, señaló.
La Constitución de la República indica la suspensión de garantías que implica la suspensión de derechos, el Decreto 333 del Régimen de Excepción señala artículos suspendidos, pero no determina los alcances; sin embargo, el artículo 12 de la Constitución contiene las garantías judiciales básicas, las cuales no se pueden suspender inclusive en un Régimen de Excepción. “Toda persona a quien se le impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa”, expresó Anaya.
“Las personas no sabrán quién les está juzgando porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no quiere que se sepa quienes son y, además, se cubrirán responsabilidades, también hay un mensaje de intimidación contra cualquier persona que hace una crítica contra el gobierno al querer vincularla como defensora o financista de las pandillas”, agregó.
Según el abogado, no se trata de estar a favor de las pandillas, se debe tener una lucha frontal contra la violencia, pero hay que saber hacer y, sobre todo, respetar los derechos humanos, porque en la práctica se está violando la libertad de la movilidad y la inviolabilidad de la morada.
En redes sociales se comienza a ver una serie de denuncias de personas detenidas, en su mayoría jóvenes, que no tienen relación con grupos criminales ni pandillas, tal como el campeón Centroamericano de Oratoria, un estudiante de 17 años. La captura ocurrió este 30 de marzo en Santa Tecla, cuando el joven salió sin camisa a la tienda de la esquina a comprar pan dulce para desayunar con su mamá, la madre al ver que no regresaba fue a la tienda y encontró a su hijo boca abajo y ensangrentado, los agentes no creyeron que era un estudiante ejemplar y se lo llevaron como “sospechoso de ser pandillero”.
La denuncia fue hecha desde la cuenta de Twitter de Moisés Rivera, defensor de derechos humanos, quien publicó que este régimen ha profundizado la criminalización de la pobreza y estigmatización de las juventudes, este tipo de abuso de poder y autoridad, recae en las personas más vulnerables y en las comunidades donde la ausencia del Estado ha sido sistemática.
En otro vídeo, siempre en redes sociales, una menor de edad da gritos de desesperación, al ver que su madre es vapuleada, sobre el césped, por un agente de las Fuerzas Especiales de la PNC.
La Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza (CIRAC), denunció el arresto de la presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO), de la comunidad Terciopelo de Jiquilisco, en Usulután, Rosalía Rivas, quien según testigos, fue esposada y golpeada sin ninguna justificación por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), violentando sus derechos humanos.
Mientras tanto, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que como organización están de acuerdo con que el Estado investigue y sancione a quienes cometen delitos, pero nunca estarán en favor de la impunidad y el crimen; el país necesita verdaderas políticas de seguridad que combatan la delincuencia y se creen mecanismos de prevención del delito.
“No debemos olvidar la historia de nuestro país y las lecciones que hemos tenido sobre ello, el asunto es justicia no venganza, no hay ninguna ley que habilite al gobierno a dejar de dar de comer a un reo. Con el Régimen de Excepción si a usted lo detienen con alguna imputación y no es cierto prácticamente usted está condenado a que el juez le va decretar detención”, aseguró Escobar.
En los últimos días, la policía contabiliza la detención de 2,163 personas, consideradas pandilleros vinculados con diferentes delitos ocurridos el pasado fin de semana. Como parte del Régimen de Excepción las autoridades penitenciarias también mantendrán mayor rigurosidad en el interior de las cárceles como racionar la cantidad de comida a los privados de libertad, dormir sin colchonetas y evitar que salgan a las áreas comunes.
En las redes sociales de Centros Penales se ha colocado una fotografía en la que presenta un plato con un pequeña ración de frijoles y un par de tortillas, tipo tacos, como la comida para el desayuno, a partir del martes, para los reos.
