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CRISTOSAL pide a la Asamblea Legislativa que en la discusión del anteproyecto de Presupuesto General de la Nación para 2019 se destinen recursos para las víctimas de desplazamiento interno. Foto Diario Co Latino/AFP.

CRISTOSAL pide se destinen recursos para víctimas de desplazamiento

Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino

Continuando con la solicitud de apoyo a las víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado interno, miembros de la organización de derechos humanos CRISTOSAL se presentaron a la Asamblea Legislativa para pedir que en la discusión del anteproyecto de Presupuesto General de la Nación para 2019 se destinen recursos para quienes sufren de este flagelo.

La organización recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó mediante sentencia al primer órgano del Estado resolver la situación de las víctimas de desplazamiento forzado interno por causa de la violencia y para ello dio un plazo de seis meses, de los cuales ya pasaron cuatro sin que el congreso haya cumplido.

“En el presupuesto no se está cumpliendo el mandato de la Sala de lo Constitucional en sentido de que haya financiamiento desglosado y específico para la atención de víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado interno”, dijo Celia Medrano, representante de CRISTOSAL.

Medrano expuso que según la sentencia de la CSJ los recursos destinados a este tema debían utilizarse únicamente en actividades de atención a víctimas, no así en pago de salarios y funcionamiento de instituciones que tengan a su cargo la atención a quienes sufren este flagelo.

La propuesta de CRISTOSAL recibió iniciativa de ley por medio del diputado Leonardo Bonilla, no partidario, quien manifestó que es importante que en el ejercicio fiscal correspondiente al próximo año se destinen recursos para atención humanitaria de las víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado interno.

“Hemos visto cómo las organizaciones de la sociedad civil han tenido que atender a las víctimas de desplazamiento forzado para garantizar sus derechos cuando es el Estado quien tiene que hacerlo y por ello consideramos que se debe legislar para apoyar a estas personas brindándoles los recursos necesarios para su atención”, consideró Bonilla.

Según estudios de Organizaciones No Gubernamentales expertas en lo que a víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado interno se refiere, existen cerca de 300 mil personas que sufren de esta vulneración a sus derechos.

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