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Saúl Méndez
Colaborador
La organización Cristosal exigió al Gobierno de El Salvador transparentar la acumulación de bitcoin mediante donaciones privadas y revelar la identidad de los donantes, los montos recibidos y las fechas de las transacciones. Además, cuestionó la falta de procedimientos específicos para regular estas operaciones y señaló incumplimientos en los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un análisis fechado el 30 de septiembre, la organización advirtió sobre los riesgos de lavado de dinero y otras actividades ilícitas relacionadas con los criptoactivos. También sostuvo que las donaciones al Estado deben cumplir con las obligaciones de transparencia fiscal y prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Entre sus principales recomendaciones, Cristosal planteó que las autoridades publiquen los contratos de donación y la documentación que respalde las operaciones, identifiquen a los beneficiarios finales cuando los fondos provengan de personas jurídicas y acrediten el cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos.
La organización también propuso realizar análisis forenses de las transacciones registradas en blockchain para verificar la trazabilidad de los fondos y determinar si los activos recibidos pudieron pasar por mercados ilícitos, billeteras vinculadas con hackeos o servicios de mezcla de criptomonedas utilizados para dificultar el rastreo de las operaciones.
Indicó que el Estado debe aplicar procedimientos de debida diligencia para conocer la identidad y actividad económica de los donantes, conservar durante 10 años la documentación correspondiente y comprobar que el volumen de los recursos entregados guarde relación con la capacidad económica de quienes los transfieren.
Por otra parte, Cristosal advirtió que la normativa vigente no establece un procedimiento específico para que el Estado adquiera bitcoin mediante donaciones u otras modalidades de transferencia, por lo que dicha situación podría generar riesgos para la transparencia y la supervisión de las operaciones.
La organización recordó que el 3 de septiembre de 2026 el FMI informó que no se preveía una acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas. Sin embargo, al día siguiente, la Oficina de Bitcoin informó que El Salvador había adquirido un bitcoin más.
Estos hechos evidenciaría la necesidad de establecer claridad sobre la adquisición, recepción y registro de criptoactivos en las cuentas estatales, así como de divulgar información que permita verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.
También se advirtió sobre vacíos normativos en el uso de criptoactivos para financiar actividades políticas, campañas electorales, candidaturas y partidos políticos. Por ello, se planteó la necesidad de reformar las leyes electorales, administrativas y penales para prevenir y sancionar el financiamiento político ilícito mediante estos activos.
Cristosal cuestiona evaluación del FMI
Otro de los puntos señalados en el análisis es el papel del Fondo Monetario Internacional en la evaluación de los compromisos estructurales asumidos por El Salvador.
Cristosal explicó que el organismo ha dado prioridad al cumplimiento formal de algunas medidas, sin evaluar suficientemente su aplicación efectiva como el compromiso de fortalecer la independencia y el mandato anticorrupción de la Corte de Cuentas de la República, cuya ejecución consideró cuestionable debido a la falta de independencia política y a la ausencia de publicación de auditorías durante los últimos tres años.
La organización también afirmó que el Gobierno ha incumplido el compromiso de no continuar acumulando criptoactivos y advirtió que la falta de información sobre los donantes podría contravenir los principios del Código de Transparencia Fiscal del FMI, que exige que los reportes sobre las finanzas públicas sean integrales, confiables y verificables.
Según las cifras presentadas por Cristosal, las reservas de bitcoin en cuentas estatales aumentaron aproximadamente en 100 millones de dólares, equivalentes a unos 1,090 bitcoin, desde la primera revisión del programa del FMI.
La organización cuestionó que el organismo internacional haya aceptado avances formales en algunos compromisos sin exigir suficiente evidencia sobre sus resultados prácticos, por lo que esta flexibilidad en la supervisión puede facilitar que el Gobierno eluda sus obligaciones.
