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Saúl Méndez
Colaborador
La organización Cristosal advirtió sobre los riesgos asociados a la acumulación de bitcoin por parte del Estado salvadoreño, mediante donaciones privadas, y cuestionó la falta de información pública sobre la identidad de los donantes, los montos y las fechas de las transacciones.
En un análisis fechado el 30 de septiembre, Cristosal señaló que los criptoactivos pueden ser utilizados para actividades ilícitas como lavado de dinero, estafas y fraudes financieros. La organización recordó que existen antecedentes de delitos vinculados con bitcoin y Chivo Wallet que aún no han sido investigados ni sancionados de manera efectiva.
Cristosal explicó que presentó acciones legales en representación de más de 1,120 personas que denunciaron suplantación de identidad y hurto financiero mediante Chivo Wallet. También informó que presentó avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en representación de más de 248 personas y que, en febrero de 2023, interpuso otro aviso penal por el presunto hurto de más de $12 millones de recursos públicos.
Pero ninguna de estas acciones habría concluido con una investigación que determine responsabilidades penales o civiles, y cuestionó que la Fiscalía no haya establecido responsabilidades por la decisión de desactivar el sistema de verificación de identidad de Chivo Wallet, conocido como KYC (Know Your Customer).
En el análisis también se citó un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) de marzo de 2025, que identificó riesgos asociados con bitcoin y Chivo, entre ellos riesgos de contraparte, abuso de mercado, ciberseguridad, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude y otras actividades ilícitas.
Cristosal cuestiona aplicación de controles contra el lavado
La organización también denunció deficiencias en la aplicación de los estándares internacionales de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionados con activos virtuales y tampoco se retomaron las observaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que en su evaluación mutua de El Salvador de 2024 identificó deficiencias en la comprensión de los riesgos asociados con los activos virtuales, así como problemas de supervisión y transparencia sobre los beneficiarios finales.
Según Cristosal, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la denominada “Regla de Viaje”, un estándar que obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales a recopilar, verificar y transmitir información sobre la identidad del remitente y del beneficiario de determinadas operaciones.
Aunque El Salvador cuenta con normativa sobre activos virtuales, organizaciones como Cristosal advierten que no existe evidencia pública suficiente que permita verificar que estos controles se cumplen efectivamente. Por ello, se cuestionó que las autoridades no hayan divulgado la identidad de las personas naturales o jurídicas que presuntamente realizaron las donaciones de bitcoin al Estado.
El análisis también planteó serias dudas sobre la capacidad técnica, el personal y los recursos de las entidades supervisoras para auditar las transacciones realizadas mediante tecnología blockchain, en particular aquellas superiores a $1,000.
Alerta por riesgos en inversiones inmobiliarias
Otro de los riesgos señalados por Cristosal está relacionado con el uso de activos virtuales en inversiones inmobiliarias.
La organización citó nuevamente a GAFILAT, que identificó debilidades en la prevención del lavado de dinero dentro del sector inmobiliario y en la identificación y verificación de beneficiarios finales.
A partir de estas observaciones, Cristosal advirtió que existe un riesgo de que extranjeros utilicen activos virtuales para realizar inversiones inmobiliarias y obtener beneficios vinculados con programas de ciudadanía por inversión.
La organización considera que el Estado debería aplicar medidas reforzadas de debida diligencia cuando las operaciones involucren activos virtuales y bienes inmuebles.
En el análisis también se explicó que las donaciones privadas de bitcoin podrían representar un riesgo de “soborno por adelantado” si existiera un acuerdo entre donantes y funcionarios para obtener posteriormente contratos públicos, concesiones u otros beneficios estatales.
Cristosal retoma un comunicado del Fondo Monetario Internacional del 3 de septiembre de 2026, según el cual la acumulación de bitcoin registrada desde la primera revisión obedecería a donaciones privadas y no al uso de recursos públicos.
Sin embargo, la organización cuestiona que no se hayan dado a conocer públicamente los nombres de los donantes ni los montos entregados.
También recordó que las donaciones realizadas al Estado deben contar con documentación que permita identificar a los donantes y establecer el origen de los recursos. En el caso de los criptoactivos, indicó que deben aplicarse medidas reforzadas de debida diligencia para descartar que las transferencias estén relacionadas con actividades ilícitas o con posibles acuerdos de intercambio de beneficios.
Si una donación de bitcoin al Estado estuviera condicionada explícita o implícitamente a la entrega posterior de contratos, concesiones u otras prebendas, podría configurar conductas sancionadas por normas nacionales e instrumentos internacionales contra la corrupción, concluyó.
