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@arpassv
La “honorable” Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió la semana pasada retirarse del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. El Magistrado Florentín Meléndez y la Magistrada Doris Luz Rivas ya no asistirán a este espacio de diálogo nacional integrado por representantes de todas las instancias estatales y los diferentes sectores de la sociedad.
La excusa –expresada por la Magistrada Rivas– es el choque de los horarios de reuniones y porque “no existe mayor vinculación entre la labor del Consejo y las competencias del Órgano Judicial”.
Que en medio del grave problema de violencia que afecta al país, viagra cialis la CSJ abandone el mayor esfuerzo de diálogo sobre seguridad pública, doctor es una grave irresponsabilidad. ¿Es acaso un sabotaje de los Magistrados contra esta iniciativa de unidad nacional contra la delincuencia? o ¿simplemente no le interesa a la CSJ ayudar a resolver los problemas de violencia e inseguridad?
En cualquier caso, hospital los “honorables” Magistrados y Magistradas deberían explicar su decisión.
La Corte también debería responder por qué no depura el Sistema Judicial y mantiene pendientes de resolver más de mil expedientes de denuncias contra jueces corruptos. La corrupción judicial (y la inoperancia fiscal) genera la impunidad que promueve más criminalidad, pero la CSJ no hace nada.
A estas irresponsabilidades de la Corte Plena se suma la conspiración permanente de la Sala Constitucional que revierte medidas tributarias y presupuestarias orientadas a proveer fondos gubernamentales para financiar las políticas de seguridad. El caso más ilustrativo es el congelamiento de los 900 millones de dólares en bonos.
La Sala Constitucional también acaba de perpetuar el concentrado sistema mediático que hace apología de la violencia y pornografía del crimen.
En su cuestionada sentencia sobre la Ley de Telecomunicaciones, la Sala manda que todas las concesiones de radio y televisión se renueven por 20 años más (a pesar de declarar inconstitucional la renovación automática) y ordena que en el futuro sistema digital conserven el mismo ancho de banda (sin tener en cuenta que la digitalización multiplicará los canales y frecuencias).
Esta irresponsabilidad y conspiración de la Corte Suprema de Justicia que –por cierto– se gasta el 6% del presupuesto nacional sin rendirle cuentas al pueblo, debería indignar a todos los sectores decentes del país.
