Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Por: Luis Rafael Moreira Flores
El origen de la vía libre
El punto de inflexión en la política ecológica de El Salvador quedó marcado en la agenda pública durante el primer año de gestión del presidente Nayib Bukele. Específicamente, en las reuniones del Consejo de ministros celebradas entre junio y julio de 2019, el mandatario y sus funcionarios de la Secretaría de Comercio e Inversión señalaron públicamente que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mantenía retenidos cerca de $7,000 millones en proyectos de inversión debido a la «burocracia» y la «tramitología» de las administraciones pasadas. Bajo la premisa de que esta lentitud institucional «dejaba sin dinero al gobierno» y asfixiaba el crecimiento económico, se dio la orden definitiva de agilizar y destrabar de forma exprés los permisos ambientales.
Lo que en su momento se promocionó como una victoria contra la ineficiencia del Estado se convirtió, con el paso de los años, en una política de desregulación. La prioridad gubernamental mutó visiblemente: el MARN dejó de operar como un ente de protección, conservación y fiscalización ecológica para transformarse en una ventanilla de tramitación corporativa de alta velocidad. Al relajar los rigores técnicos y los estudios de impacto ambiental en pos de la inyección de capitales, el territorio salvadoreño —históricamente catalogado como uno de los más vulnerables de la región— quedó expuesto a una alarmante explotación inmobiliaria y de infraestructura que ignora la geografía, el clima y los riesgos sistémicos de la nación.
Proyectos varados e infraestructura colapsada
La premisa de que el dinamismo económico puede ignorar las leyes de la física y de la ecología choca de frente con la realidad del territorio. El ejemplo más sintomático de esta desconexión es el megaproyecto de la Carretera de Los Chorros (Viaducto Francisco Morazán). Pese a ser una de las promesas de conectividad más ambiciosas y costosas de la gestión actual, la obra se ha enfrentado a constantes retrasos y rediseños debido a la inestabilidad inherente de la cordillera del Bálsamo. La geología de la zona, caracterizada por su alta propensión a los macro-derrumbes inducidos tanto por sismos como por la saturación de agua en la época lluviosa, demuestra que el avance del cemento no puede decretarse por voluntad política cuando no se respetan las limitantes impuestas por la propia naturaleza.
Este patrón de vulnerabilidad se reproduce a lo largo de las principales arterias y zonas habitacionales del país. Carreteras de alta circulación como la ruta a Los Planes de Renderos sufren constantemente derrumbes que incomunican a la población, desnudando la nula previsión ante el cambio climático y la deforestación de los taludes. Asimismo, las recurrentes inundaciones en exclusivas residenciales y populosas colonias del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) no son «desastres naturales» aislados; son la consecuencia directa de impermeabilizar los suelos. Al autorizar la construcción masiva de centros comerciales a diestra y siniestra del país, se eliminan las zonas de recarga hídrica, transformando las calles urbanas en auténticos ríos caudalosos que ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos en cada invierno.
El ecocidio de los pulmones urbanos y costeros
La pérdida de soberanía ambiental es especialmente visible en dos zonas geográficas críticas: La Finca El Espino y las zonas costeras bajo la marca gubernamental de Surf City.
La Finca El Espino, considerada por décadas el último gran pulmón verde del AMSS y la principal zona de infiltración acuífera para el Gran San Salvador, ha sido sometida a una fragmentación sistemática para dar paso a complejos comerciales, residenciales de lujo y edificaciones estatales. El impacto de destruir este ecosistema es irreversible: desabastecimiento de agua para las clases populares a mediano plazo y un incremento drástico en el efecto de «isla de calor urbanas».
Paralelamente, el impulso desmedido al turismo costero mediante la estrategia Surf City ha propiciado la proliferación de hoteles, restaurantes y complejos privados que violan las normativas de protección de playas y manglares. La destrucción de la vegetación costera elimina la primera barrera natural contra el incremento del nivel del mar y las marejadas de tormenta. El Estado ha apostado por un turismo de consumo inmediato a expensas de la sostenibilidad hídrica local, provocando la escasez de agua potable para las comunidades pesqueras y originarias que habitan la franja costera-marina.
Megaproyectos vs. Sostenibilidad
El modelo de desarrollo de la administración actual descansa sobre una narrativa visual de grandes obras de infraestructura. Sin embargo, al analizar proyectos como el Aeropuerto del Pacífico, el Estadio Nacional de El Salvador (donado por la República Popular China) o los planes de reactivación urbana donde antes operaba el CIFCO, la variable ambiental brilla por su ausencia.
La construcción de un aeródromo en la zona oriental del país amenaza ecosistemas frágiles y tierras de vocación agrícola, comprometiendo los recursos hídricos de comunidades vulnerables. Por otro lado, la edificación de un gigantesco estadio en las inmediaciones de zonas densamente transitadas y ambientalmente frágiles de la capital presiona aún más la deteriorada infraestructura de drenajes y saneamiento de la ciudad. El gobierno parece concebir el desarrollo como una maqueta de cemento y luces LED, ignorando por completo que las proyecciones científicas sobre el cambio climático anticipan para El Salvador períodos prolongados de sequías extremas intercalados con eventos de lluvias torrenciales atípicas. El Salvador no está preparado estructuralmente para soportar estos extremos debido al desmantelamiento intencionado de sus salvaguardas ecológicas.
Un país cimentado sobre el riesgo
Otorgar permisos ambientales «a la velocidad de la luz» para atraer inversión privada y alimentar las arcas del Estado ha resultado ser un negocio de pérdida absoluta a largo plazo. La vulnerabilidad ante sismos —en un país eminentemente volcánico y tectónico— y ante las recurrentes crisis climáticas se agrava cada vez que una retroexcavadora derriba una hectárea de bosque con el aval exprés del gobierno.
La burocracia ambiental no era un obstáculo caprichoso para el desarrollo; era la última línea de defensa técnica para garantizar que la vida humana fuera viable en este territorio en las próximas décadas. Continuar por la senda de la construcción desmedida a diestra y siniestra, priorizando los megaproyectos de exhibición sobre la seguridad ecológica, equivale a hipotecar el futuro de la nación. Cuando el cemento ceda ante el próximo gran terremoto o la siguiente tormenta tropical, quedará en evidencia que la verdadera riqueza de un país no se mide en la cantidad de permisos liberados, sino en la resiliencia de su tierra y la protección de su gente.
