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Redacción Nacionales
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En la 40 reunión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), se acordó elevar un informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya que en el país se han incrementado las violaciones a los derechos humanos.
Entre los argumentos de la resolución, la Copppal dice que entre noviembre de 2021 a febrero 2022 se registró un incremento a las violaciones a los derechos humanos de las presas, presos y perseguidos políticos de El Salvador, a la manipulación de las instituciones para profundizar el lawfare (guerra jurídica), “dirigido a destruir a la oposición política”, al espionaje “organizado y comprobado” por investigaciones independientes contra el periodismo y al ataque a toda voz crítica de la sociedad civil y de los liderazgos populares, universitarios y religiosos.
Esto sucede, tras “la eliminación de la independencia y la división de poderes, a fin de concentrar el poder político bajo un mando autocrático”, refiriéndose a centrar el poder solo en el presidente de la República, Nayib Bukele.
“En El Salvador se ha institucionalizado la persecución judicial por motivaciones políticas, gracias a la pérdida absoluta de la independencia judicial y al sometimiento de la autoridad a cargo de la persecución del delito a los designios del presidente de la República, con lo cual se pretende descabezar y debilitar a la oposición política, imponer el terror y sofocar cualquier gesto de inconformidad entre los ciudadanos”, sostuvo la Copppal en su resolución.
También, se ha impuesto “la discrecionalidad” en las acciones del Gobierno, entre ellas la “oscuridad total en el manejo y uso de los recursos financieros del Estado”, lo mismo en “el acoso desde el poder y el espionaje cibernético en contra de opositores y periodistas, algunos de los cuales tuvieron que buscar refugio y protección en países extranjeros”. Sobre este punto, la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) ha registrado que en las últimas semanas hasta 9 periodistas salvadoreños han salido preventivamente del país.
Luego de esas situaciones de violencia al Estado de derecho, la Copppal añadió que, en los últimos meses, la imposición de un estado de excepción “ha derivado una crisis humanitaria que afecta a mujeres, niños y familiares de los más de 34 mil capturados, sin orden judicial, ni cometimiento de delito en flagrancia, dentro de los que también se capturaron líderes comunitarios, activistas por los derechos humanos, sacerdotes y pastores religiosos y al menos 1,080 niños y menores de edad”.
La Copppal afirmó que el régimen de excepción eliminó las garantías constitucionales de un debido proceso y la defensa jurídica, recrudeció los tratos crueles y degradantes, entre los que se han registrado 22 denuncias de tortura y la muerte de al menos 16 personas privadas de libertad, a quienes se les sometió a castigos físicos y/o no se les suministró los medicamentos prescritos.
Por tal, la Copppal resolvió elevar un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en El Salvador al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo mismo que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ambas instancias solicitaron la protección a los derechos humanos, tomar acciones decididas para proteger y garantizar los derechos a la población. También, solicitaron el envío “urgente” de misiones de verificación.
