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Saúl Méndez
Colaborador
Acción Ciudadana presentó los principales hallazgos del Segundo Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del Estado Salvadoreño en el Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que destaca que persisten las limitaciones en materia de transparencia de las contrataciones públicas.
El acuerdo fue aprobado por el Directorio del FMI en febrero de 2025. El programa contempla un financiamiento de aproximadamente US$1,400 millones y un sistema de revisiones periódicas para evaluar el cumplimiento de las metas y compromisos asumidos por el Gobierno.
En la primera revisión del programa, el FMI reportó avances en áreas como la sostenibilidad fiscal, la contratación pública, la transparencia y la regulación de activos digitales. Sin embargo, también identificó compromisos pendientes y la necesidad de continuar implementando reformas en materia de gobernanza y transparencia.
Debido a que una parte importante de estos compromisos está directamente relacionada con el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública, Acción Ciudadana realizó un segundo monitoreo sobre su cumplimiento. El primer informe evidenció avances limitados en varios de estos compromisos; por ello, este segundo seguimiento busca aportar evidencia que contribuya tanto a las evaluaciones del FMI como al fortalecimiento del control ciudadano sobre la gestión pública.
Entre los principales hallazgos del monitoreo, la organización destacó que persisten las limitaciones en materia de transparencia de las contrataciones públicas.
«Aunque el portal web COMPRASAL permite actualmente la consulta pública del Registro de Adjudicaciones sin necesidad de crear un usuario, continúa sin publicarse documentación esencial como contratos, órdenes de compra y modificaciones contractuales que permita confrontar la información», indicó Acción Ciudadana.
La organización también señaló que la información sobre los beneficiarios finales continúa siendo insuficiente en relación con los estándares internacionales del GAFI y GAFILAT. Además, observó inconsistencias en su identificación, ya que en algunos casos se consignó a personas jurídicas como beneficiarios finales.
En cuanto a la implementación de la Ley Anticorrupción, Acción Ciudadana identificó avances parciales, como la habilitación del sistema para consultar los informes de Activos y Pasivos. No obstante, advirtió un retroceso en la cantidad de información disponible, ya que únicamente pueden consultarse los montos totales sin respaldo documental. En contraste, las declaraciones de probidad presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, aunque no son de acceso público, contienen información más completa.
De igual forma, respecto al Centro Nacional Anticorrupción, la organización constató que en el presupuesto de 2026 se asignaron recursos para el inicio de su operatividad. Sin embargo, señaló que continúa siendo limitada la información pública sobre el funcionamiento efectivo de esa institución.
«La Corte de Cuentas refleja algunos avances institucionales, entre ellos la creación de la Dirección Anticorrupción, la certificación ISO 37001 y el incremento de su presupuesto; no obstante, continúa sin publicar los informes de auditoría financiera correspondientes al ejercicio 2024, pese a que la propia institución en su informe de labores informa haberlos realizado», detalló.
Acción Ciudadana también aclaró que no encontró evidencia sobre la creación de un registro de beneficiarios finales ni sobre medidas concretas para fortalecer institucionalmente la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República y otras agencias especializadas, más allá de actividades de capacitación.
«Sobre el tema bitcoin y activos digitales persiste un elevado nivel de opacidad. No se localizaron los estados financieros públicos del fondo fiduciario ni de las entidades estatales vinculadas al proyecto Bitcoin, tampoco información que permita verificar la reducción de la participación estatal en Chivo Wallet conforme a los compromisos asumidos», explicó.
Respecto al sistema de pensiones, el informe identificó la publicación del estudio actuarial, aunque con retraso respecto al plazo previsto y con cuestionamientos sobre su alcance técnico. Asimismo, al momento del monitoreo no se encontró evidencia de la presentación de una reforma integral al sistema de pensiones, tal como estaba establecido en los compromisos.
Para Acción Ciudadana, los resultados evidencian que la disponibilidad de información pública continúa siendo insuficiente para que la ciudadanía pueda verificar plenamente el cumplimiento de varios de los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño en materia de gobernanza y transparencia dentro del programa suscrito con el FMI.
