Carmen Rodríguez y Celia Medrano piden no desistir en la lucha por el TPS

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de salvadoreños en Estados Unidos, así como la carta que senadores y congresistas enviaron al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para que haga gestiones para liberar a Ruth López, fueron los temas abordados por la periodista Carmen Rodríguez, radicada en Washington D. C., y la defensora de derechos humanos Celia Medrano, en Encuentro con Julio Villagrán.

Sobre la carta enviada por dos senadores y siete congresistas estadounidenses al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que solicitan acciones en favor de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, Carmen Rodríguez dice que refleja que el caso de López ha trascendido las fronteras salvadoreñas y se ha convertido en un símbolo de las preocupaciones que existen sobre el respeto a los derechos humanos y al debido proceso en El Salvador.

Rodríguez manifestó que varios de los congresistas firmantes mantienen una larga trayectoria de seguimiento a la situación salvadoreña y han estado involucrados históricamente en temas relacionados con la democracia, los derechos humanos y la cooperación bilateral.

Rodríguez señaló que el documento constituye además un mecanismo de presión política hacia el Departamento de Estado para que intervenga diplomáticamente y dé seguimiento al caso. Agregó que el asunto incluso podría ser llevado al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, donde podrían discutirse nuevas medidas.

La periodista sostuvo que detrás de esta iniciativa también existe el respaldo de organizaciones defensoras de derechos humanos con sede en Washington, las cuales consideran que el caso de Ruth López evidencia presuntas violaciones al debido proceso y restricciones al acceso de su familia a información sobre su situación.

Preocupación por el TPS

Durante la conversación también se analizó el futuro del TPS para aproximadamente 180 mil salvadoreños que residen en Estados Unidos.

La preocupación aumentó luego de que la Corte Suprema estadounidense emitiera un fallo relacionado con el TPS para Haití y Siria, una decisión que, según diversos especialistas, podría sentar un precedente para otros países beneficiarios del programa, entre ellos El Salvador.

Rodríguez recordó que desde las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 la comunidad salvadoreña bajo TPS mantiene incertidumbre, debido a que durante la primera administración de Donald Trump ya se intentó cancelar este beneficio migratorio.

Aunque aquella decisión fue frenada mediante demandas judiciales impulsadas por beneficiarios del programa, explicó que el panorama actual luce más complejo.

Indicó que la administración estadounidense aún no ha anunciado una nueva prórroga para el TPS salvadoreño y que el plazo habitual para comunicar una extensión ya venció, que son 90 días antes de que venza el periodo, por lo que aumenta la incertidumbre entre los beneficiarios.

La periodista advirtió que incluso algunas autoridades estatales ya comenzaron a notificar a salvadoreños bajo TPS que sus licencias de conducir y documentos de identificación perderían vigencia al finalizar el programa, generando dificultades para trabajar, realizar trámites bancarios o acceder a otros servicios básicos.

Llamado a mantener la lucha legal

Por su parte, Celia Medrano consideró que, aunque el fallo de la Corte Suprema representa un escenario adverso, no significa que la comunidad salvadoreña deba abandonar las acciones legales.

Recordó que durante el primer intento de cancelación del TPS fueron precisamente los propios beneficiarios quienes impulsaron procesos judiciales que permitieron detener la medida durante varios años.

En ese sentido, sostuvo que cualquier eventual cancelación deberá ser nuevamente enfrentada mediante recursos legales y acciones de incidencia política.

También destacó el papel desempeñado por algunos congresistas estadounidenses, quienes anteriormente impulsaron gestiones relacionadas con otros casos vinculados a derechos humanos y migración.

Según Medrano, la movilización política y social sigue siendo una herramienta importante para defender los derechos de los migrantes salvadoreños.

Cuestionan falta de gestiones del Gobierno salvadoreño

Uno de los aspectos que Rodríguez consideró preocupantes fue la ausencia de acciones diplomáticas por parte del Gobierno salvadoreño para respaldar a los beneficiarios del TPS.

Rodríguez afirmó que, aunque la decisión final depende exclusivamente del Gobierno de Estados Unidos, las administraciones salvadoreñas anteriores desarrollaron esfuerzos de cabildeo ante autoridades estadounidenses para defender la permanencia del programa.

En contraste, sostuvo que actualmente no se observan reuniones con congresistas, gestiones diplomáticas ni campañas oficiales encaminadas a solicitar una nueva extensión del TPS.

Añadió que, por el contrario, en diversas ciudades estadounidenses con alta presencia de salvadoreños se han difundido campañas gubernamentales promoviendo el regreso al país bajo el argumento de que existen mejores condiciones para retornar.

Sin embargo, señaló que muchos miembros de la diáspora consideran que aún no existen las condiciones económicas y sociales para regresar definitivamente a El Salvador.

Impacto económico y social

Rodríguez manifestó que una eventual cancelación del TPS tendría importantes repercusiones tanto para las familias salvadoreñas residentes en Estados Unidos como para la economía nacional.

Recordó que miles de beneficiarios llevan más de dos décadas viviendo legalmente en ese país, donde han construido familias, negocios y una amplia trayectoria laboral.

Asimismo, destacó que este grupo aporta significativamente a la economía salvadoreña mediante el envío constante de remesas, uno de los principales motores del crecimiento económico nacional.

Finalmente, tanto Rodríguez como Medrano hicieron un llamado tanto a las organizaciones de migrantes como a la sociedad salvadoreña para mantenerse informadas sobre la evolución del proceso y respaldar las acciones legales y políticas que puedan desarrollarse en defensa de los beneficiarios del TPS.