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Redacción Nacionales
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Organizaciones del movimiento social y popular de El Salvador conmemoraron este 31 de octubre el Día del Sindicalista Salvadoreño, en memoria de las nueve personas que murieron en el atentado terrorista contra la sede de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), ocurrido en 1989, y denunciaron lo que califican como una profundización de la represión contra la clase trabajadora.ç
En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que la fecha representa un llamado a preservar la memoria de quienes defendieron los derechos laborales y a reafirmar que las demandas de justicia social, libertad sindical y condiciones dignas de trabajo no deben negociarse ni entregarse.
A 37 años de la masacre, las agrupaciones sostienen que las vulneraciones a los derechos de los trabajadores continúan y que el movimiento sindical enfrenta un escenario de hostigamiento, despidos, criminalización y debilitamiento de sus organizaciones.
El pronunciamiento fue suscrito por la Federación Sindical Mundial (FSM), la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS), el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), la Asociación de Familiares y Víctimas de FENASTRAS (ASOFEBE) y el Centro de Investigación y Reflexión de América Central (CIRAC), entre otras organizaciones.
La memoria de los mártires sindicales
El 31 de octubre de 1989, una bomba de alto poder destruyó la sede central de FENASTRAS, en un atentado que acabó con la vida de nueve sindicalistas y dejó una profunda huella en la historia del movimiento obrero salvadoreño.
Las víctimas fueron identificadas como Febe Elizabeth Velásquez, Rosa Hilda Saravia de Elías, Julia Tatiana Mendoza Aguirre, María Magdalena Sánchez Rosales, Carmen Catalina Hernández Ramos, José Daniel López Meléndez, Luis Edgardo Vásquez Márquez, Ricardo Humberto Cestoni y Vicente Salvador Melgar.
El ataque ocurrió en el contexto de la guerra civil salvadoreña, cuando las organizaciones sindicales y populares desarrollaban sus demandas por mejores condiciones laborales, derechos sociales y participación política.
Para las organizaciones firmantes, el atentado buscó silenciar las voces de quienes defendían los derechos de la clase trabajadora. Un año después, mediante el Decreto Legislativo 589, el 31 de octubre fue declarado Día del Sindicalista Salvadoreño, como reconocimiento al papel de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales.
Sin embargo, las agrupaciones consideran que el reconocimiento histórico contrasta con la situación actual de los trabajadores y con las dificultades que enfrentan las organizaciones sindicales para ejercer sus funciones.
Denuncian despidos y debilitamiento sindical
El comunicado sostiene que la ofensiva contra la clase trabajadora no ha cesado y que, por el contrario, se ha profundizado mediante diferentes medidas que afectan la estabilidad laboral y la libertad de organización.
Las organizaciones denuncian la eliminación de más de 60 sindicatos y aseguran que más de 200 organizaciones enfrentan diversas vulneraciones a su libertad sindical.
Entre las cifras expuestas en el pronunciamiento se encuentran más de 47,000 trabajadores de instituciones públicas y alrededor de 15,000 del sector privado despedidos. Dentro de ese universo, señalan que 550 sindicalistas han perdido sus empleos.
Asimismo, denuncian que al menos 19 dirigentes sindicales han sido detenidos y procesados bajo el régimen de excepción, situación que, según las organizaciones, representa una amenaza para el ejercicio de los derechos colectivos.
El documento también hace referencia a la pérdida de aproximadamente 71,000 empleos rurales durante seis años, un dato que las agrupaciones relacionan con el deterioro de las condiciones de vida de las familias trabajadoras del campo.
A estas denuncias agregan el incumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y la preocupación por una posible reforma paramétrica al sistema de pensiones, que podría aumentar la edad de jubilación o las cotizaciones de los trabajadores.
Reclaman respeto a los convenios internacionales
Las organizaciones también expresaron preocupación por lo que consideran una injerencia de las autoridades en las actividades sindicales y por las presuntas violaciones al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
El pronunciamiento sostiene que la represión laboral no constituye una serie de hechos aislados, sino una política que afecta las conquistas históricas de la clase trabajadora.
“La represión no sustituye la política laboral, y el silencio no sustituye el diálogo”, señala el documento, al cuestionar los despidos de sindicalistas, la eliminación de organizaciones, la criminalización de la protesta y el deterioro de las condiciones laborales.
Las agrupaciones consideran que el debilitamiento de los sindicatos limita la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos y participar en las decisiones que afectan sus condiciones de vida.
Exigen justicia y garantías laborales
Entre las principales demandas, las organizaciones exigieron el esclarecimiento del atentado contra FENASTRAS y la reparación integral para las víctimas.
En ese sentido, respaldaron la petición presentada por ASOFEBE ante el Juzgado Segundo de Instrucción, para que se cumpla una resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordena continuar con el proceso judicial relacionado con el caso.
También demandaron el cese inmediato de la represión, el hostigamiento y la criminalización contra el movimiento sindical, así como el respeto irrestricto al fuero sindical y al derecho de asociación.
Las agrupaciones exigieron la libertad de los sindicalistas detenidos, el respeto al debido proceso y la reincorporación de trabajadores despedidos arbitrariamente.
En materia laboral, plantearon la necesidad de garantizar pensiones dignas, estabilidad en el empleo, negociación colectiva y condiciones de trabajo justas. Además, rechazaron las reformas que puedan incrementar la edad de jubilación o las cotizaciones sin consulta con la clase trabajadora.
Jornada laboral de 36 horas
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es el rechazo a una reforma laboral que, según las organizaciones, pretende concentrar las 44 horas semanales en cuatro días, mediante jornadas de hasta 11 horas diarias.
Las agrupaciones advierten que esta modalidad podría afectar la salud, la seguridad y la vida familiar de los trabajadores.
En contraposición, proponen aprobar una jornada laboral de cinco días y 36 horas semanales, iniciativa que aseguran cuenta con el respaldo de la Federación Sindical Mundial.
También demandan políticas de desarrollo rural que garanticen acceso a tierra, crédito y precios justos para los productores, así como protección para los trabajadores por cuenta propia, acceso a la seguridad social y reconocimiento de su papel en la economía popular.
Al cumplirse 37 años del atentado contra FENASTRAS, las organizaciones reiteraron que la memoria de los sindicalistas asesinados debe mantenerse vinculada a la defensa de los derechos laborales.
“¡Honor y gloria a los mártires sindicales!”, concluye el comunicado, que llama a la unidad de la clase trabajadora y a continuar la lucha por la justicia social y la libertad sindical.
