Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
A través de una carta enviada al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony Blinken, un grupo de 17 miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, haciendo eco de las demandas de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos estadounidenses, expresa “su seria preocupación por la detención prolongada de cinco destacados activistas contra la minería en El Salvador”, y piden la liberación de los ambientalistas.
“Escribimos para expresar nuestras serias preocupaciones con respecto a la detención, el 11 de enero de 2023, de cinco líderes comunitarios al norte de El Salvador quienes se encuentran entre los Defensores del Agua que lideraron el exitoso esfuerzo para aprobar una histórica ley que prohibió la minería de metales en El Salvador en 2017”, dice la carta en referencia a los cinco defensores y líderes comunitarios de ADES- Santa Marta.
“Hay fuertes indicios que el actual gobierno salvadoreño tiene la intención de derogar esa ley y nos preocupa que estas detenciones tengan motivaciones políticas y pretendan silenciar la abrumadora oposición a la minería en el país. Y nos preocupa que a estos hombres se les haya negado su derecho básico al debido proceso”, agregaron.
Los congresistas, liderados por veteranos en la defensa de derechos humanos Marc Pocan (D-WI) y Jim McGovern (D-MA), quienes han visitado el país en el pasado, añaden: “instamos encarecidamente a que envíe un mensaje público y claro pidieron su liberación de prisión preventiva y que se desestimen los cargos contra los acusados”, reiteraron.
La acción de los congresistas es a favor de Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de la Comunidad Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), a quienes la Fiscalía acusa de “delitos que supuestamente tuvieron lugar hace 33 años” durante la guerra civil salvadoreña, pero, que en una exhumación ordenado por un juzgado no encontraron el cadáver de la supuesta víctimas, a pesar de que, con máquina pesada, abrieron sendos hoyos en una propidad de la cooperativa.
Los cinco detenidos pertenecen a ADES -Santa Marta, quienes han recibido colaboraciones de las comunidades en los Estados Unidos para construir sistemas de agua, difundir la agricultura orgánica y abordar la violencia en sus comunidades. Esos esfuerzos para proteger las cuencas hidrográficas de El Salvador le valieron el prestigioso premio de “Derechos Humanos Letelier -Moffitt”, que lo entregó el Instituto de Estudios Políticos en el año 2009. “En los últimos años, el gobierno salvadoreño ha tomado varias medidas que indican el deseo de derogar la histórica prohibición de minería de metales de 2017. Los cinco Defensores del Agua comenzaron a denunciar estas medidas el año pasado y, en enero de 2023 , fueron arrestados repentinamente y acusados de un presunto delito que tiene décadas de antigüedad”, argumentan los congresistas en la misiva enviada a Blinken.
La misiva añade que “La Procuraduría General de la República de El Salvador,solicitó y obtuvo en total secreto del proceso. Sin embargo, la información de las declaraciones de la Fiscalía en los días inmediatamente después de los arrestos indica que es probable que haya muy pocas evidencias para conectar a los Defensores del Agua con los presuntos delitos”, reiteran los congresistas.
Los congresistas expresan que tiene “preocupación significativa” con respecto al manejo del caso por parte del Fiscal General de El Salvador, que el pasado 9 de marzo, los cinco fueron trasladados a una prisión permanente en Ilopango y se les ha negado el acceso a todas las visitas externas, que incluye familiares y su abogado defensor , lo que niega sus derechos básicos al “debido proceso”.
“Es muy preocupante que los cinco Defensores del Agua permanezcan en prisión preventiva a pedido de la fiscalía, especialmente consdierando las condiciones inhumanas en el sistema penitenciario salvadoreño que las Naciones Unidas y otros han documentado”, acotan.
“Considerando la edad avanzada y las condiciones de salud de varios de los acusados, creemos que este uso de la prisión preventiva es innecesariamente punitivo y puede poner en peligro su seguridad y bienestar”, indican.
La carta de los congresistas se suma al llamado que hicieran tres relatores especiales de Naciones Unidas, así como el informe de el vicepresidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, quienes han reiterado “serias preocupaciones por el presunto uso indebido del derecho penal” en contra de los cinco defensores salvadoreños.
“Tememos que el caso sea un intento de amedrentar a quienes buscan defender el medio ambiente en su país, y en especial a quienes defienden los derechos humanos de quienes se ven afectados negativamente por la minera”, señalan.
Los cinco Defensores del Agua son todos excombatientes del FMLN, durante la guerra civil, el período en el que se alega ocurrió el supuesto crimen.
Numerosas organizaciones internacionales y expertos legales han argumentado que los arrestos de los cinco ambientalistas viola la Ley de Reconciliación Nacional de El Salvador de 1992, que siguió al histórico Acuerdo de Paz de 1992 .
“Das estas preocupaciones, le instamos a apoyar los esfuerzos internacionales para garantizar la seguridad de los Defensores del Agua, hacer eco de los llamados a su liberación de la prisión preventiva y a que se desestimen los cargos en su contra, y a dejar clara esta posición con el pueblo salvadoreño”, pidieron los relatores anteriormente.
La carta dirigida al Secretario de Estado, Antony Blinken, la firma los congresistas Mark Pocan, James P. McGovern, Raul M. Grijalva, Jamie Raskin, Barbara Li, Pramila Jayapal , Rashida Tlahib, Henry C. “Hank” Johson Jr., Eleanor Holmes Norton, Jan Schakowsky, Iihan Omar, Jesús G. “Chuy” García, Cori Bush, LindaT. Sánchez, Jared Huffman, Joaquin Castro y Stephen F. Lynch.
