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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica presentó la “Declaración de San Salvador: Tendencias y retrocesos en Materia de Derechos Humanos”, en la que establece que la “falta de políticas públicas efectivas desencadena en violaciones masivas de derechos”.
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica lo integran seis organizaciones de la sociedad civil en la que se encuentra FESPAD. Estas organizaciones sociales dedican su trabajo en la “protección y defensa de derechos humanos” en distintos países de la región.
Desde el año 2005, este Equipo Regional viene registrando la conflictividad social e identifican tendencias regionales sobre violaciones a derechos humanos de los pueblos. En su informe 2021-2022, presentado el pasado marzo del presente año, dan cuenta de “graves retrocesos” en tierra centroamericana.
Los temas más acentuados son la “calidad de la democracia, debilitamiento del Estado de Derecho, Libertad de Expresión y Libertad Religiosa”. En el documento argumentan sobre las “profundas crisis políticas” a las que son sometidos los países que ha terminado con masivas afectaciones de los derechos de miles de centroamericanos. Sobre las tendencias a nivel regional, enfatizaron que durante este año se ha registrado y observado “graves atropellos a los débiles modelos democráticos”, que es una tendencia regional que inicia con la coptación de los sistemas de justicia para su posterior instrumentalización.
“Esto lo utilizan para criminalizar a la ciudadanía, sindicalistas, periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, por críticas a los diferentes gobiernos. Muestras de ello son ciudadanos y ciudadanas encarcelados arbitrariamente, desterrado/as de su nación, y otro que enfrentan procesos penales como en Nicaragua, El Salvador y Guatemala”, señala el documento.
Igualmente, denuncia la permanencia de “narrativas de odio y descrédito”, que son promovidas por los gobernantes y sus funcionarios en contra de voces críticas o en disenso a su discurso político, que afecta a personas defensoras de diversos derechos humanos, periodistas de medios independientes y dirigentes comunitarios. “Esta situación se ha desarrollado de manera sistemática en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, y es materializada mediante el acoso policial, criminalización, como es el caso de los defensores del río Guapinol en Tocoa, Honduras. Y otra son las capturas arbitrarias, y desplazamiento forzado de personas que pertenecen a la sociedad civil organizada”, indica.
En cuanto a Costa Rica, señala que en el último año se ha documentado casos de “ataques y declaraciones estigmatizantes en contra de la prensa”, mencionando al mandatario Rodrigo Chávez como uno de los autores, que lo consideran un indicador de “erosión de la calidad democrática” en ese país.
De Honduras documentan la campaña de desinformación y amenazas de la que es víctima “Radio Progreso”, realizando un llamado de atención, ya que, en mayo de 2023, se cumplió el primer año de una nueva gestión gubernamental.
Para el Equipo Regional, en El Salvador y Guatemala se registra un constante “hostigamiento a la prensa independiente”, así como el acoso sistemático a periodistas por parte de instituciones estatales, refiriendo el caso de la detención arbitraria del periodista salvadoreño Víctor Barahona, en julio de 2022, quien pasó un año en prisión sin haber cometido delito alguno. Y la “censura“ a las expresiones artísticas del libro “Sustancia del Hígado” de una periodista salvadoreña.
Mientras, en Guatemala, en junio de 2023, el periodista José Rubén Zamora fue condenado a 6 años de cárcel, siendo el fundador de “El Periódico”, un medio dedicado al periodismo de investigación.
Asimismo, destacan los ataques directos en contra de la sociedad civil organizada, como el caso de las hostilidades que ha recibido la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que integra este Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos, que se dedica a acompañar casos de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. Sus integrantes están siendo acusados de delitos, en los que está la asociación ilícita, conspiración y abuso de autoridad, entre otros cargos falsos.
Cecilia Zeledón (CDH), Erick Knudson (CONADEHUPA/Panamá), Carlos Sierra (CIPRODEH/Honduras), Daniel Alvarado (GAM/Guatemala), y William Murcia (FESPAD/El Salvador), quienes integran el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos, urgieron a los gobiernos del área a retomar políticas y realizar acciones con una visión de derechos humanos y género.
“Como organizaciones que componen el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos están claros que la falta de políticas integrales de seguridad ciudadana, la insatisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, la ruptura de la forma de gobierno democrática y la ausencia del reconocimiento de las garantías fundamentales de las personas “deterioran la calidad de vida”.
“La carencia de políticas públicas efectivas es la adopción de regímenes de excepción como medida frontal para el combate de la criminalidad. En 2022 y meses del 2023 en Guatemala, Honduras y El Salvador, se suspendieron al menos tres garantías constitucionales de la población”, reseña el documento.
“En El Salvador el sindicalista Francisco Lizama enfrenta un proceso penal por participar en una protesta pacífica en la cual trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Marcos exigían insumos para realizar sus trabajo y pago de prestaciones”, detalla el documento.
Asimismo, recuerda que en El Salvador se han promovido leyes y normas que van en detrimento de algunas libertades cívicas como el derecho a la asociación. Desde 7 de julio (2023), entró en vigencia el instructivo de Unidad de Investigación Financiera (UIF), en donde la Fiscalía General de la República limitará la actividad de las organizaciones sociales.
Como Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos, expresó su “solidaridad con las víctimas de violaciones a derechos humanos, quienes a raíz de su labor están expuestos a procesos penales que derivan en condenas injustas”. Así como, la denuncia de tratos crueles, inhumanos y degradantes; los desplazamientos forzados, la pérdida de la nacionalidad y las campañas de desprestigio, que son las afectaciones.
En el documento, las organizaciones presenta una “Profunda preocupación por la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, de dirigentes sindicales, fiscales, jueces y periodistas independientes en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua”, por lo que hace “un llamado al Sistema Judicial de estos países a actuar de manera ética, profesional e independiente de poderes fácticos y políticos”.
