Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), en su blog “Justicia en las Américas”, cuestiona si, ¿se tortura en las prisiones de El Salvador? Es una pregunta dirigida a la Corte Suprema. Además, realizaron señalamientos sobre las condiciones deplorables de personas privadas de libertad y el agravio a sus derechos que garantiza la Constitución de la República.
La DPLF es una organización regional que la integran profesionales de las Ciencias Jurídicas de diversas nacionalidades, quienes promueven el “Estado de Derecho en América Latina”. Desde una actividad de análisis y propuestas; la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, y la generación de intercambios de experiencias, acciones, cabildeos e incidencia.
La DPLF anota: “Desde hace varios años, pareciera que el Estado de El Salvador se empeña en consolidar una aterradora reputación sobre la manera en la que personas privadas de libertad son tratadas dentro de las bartolinas y cárceles salvadoreñas”. La circulación de fotografías en redes sociales, enviadas por el mismo presidente Nayib Bukele, enmarcan, para la DPLF, la precariedad de las condiciones de vida en los recintos carcelarios y que desde la visión de derechos humanos, consideran que esta situación no solo es producto de la “negligencia o descuido”, de autoridades, también es el resultado de una política de Estado que consideraron premeditada.
La DPLF cuestiona, por su intención, de ser una estrategia guiada con la “falsa creencia” que mientras más insoportable sea la vida en prisión para los privados de libertad, la probabilidad de que alguien decida delinquir disminuirá proporcionalmente.
“Ello se han materializado en dos escenarios que, aunque opuestos, resultan igualmente inconstitucionales. Por un lado, un entorno de hacinamiento e insalubridad para la población penitenciaria, en general. Por el otro lado, y para quienes se atribuyen los delitos más graves, un régimen de aislamiento permanente en mazmorras totalmente cubiertas de acero para bloquear las entrada de luz natural y evitar cualquier posibilidad de visibilidad hacia el exterior”, sostienen.
Sin embargo, aclaran que si bien estas circunstancias de degradación están presentes en los penales salvadoreños, no todo es producto del manejo de gobierno del presidente Nayib Bukele, aunque no negaron el impulso que ha fortalecido hacia este enfoque desde el primer año de su gestión.
“Fue en abril de 2016, durante el mandato de expresidente Sánchez Cerén, que la anterior Legislatura aprobó una serie de medidas extraordinarias que incluían, entre varias acciones disciplinarias, la incomunicación y el aislamiento prolongado de cierto perfil de personas procesadas y sentenciadas. Que por su severidad, esas medidas fueron diseñadas para tener una duración breve y transitoria”.
Y que, “a pesar de ello, la Asamblea Legislativa fue poco a poco ampliando su vigencia hasta que dos años más tarde, en agosto de 2018, la actual conformación de la Asamblea, decidió regular dichas disposiciones de manera permanente, reformando la Ley Penitenciaria. De manera que esta Ley contempla un régimen especial para que ciertas personas procesadas o sentenciadas cumplan la totalidad de su pena de manera más cruel que ofrece el sistema penitenciario: en un confinamiento permanente”, explicaron.
La Fundación para el Debido Proceso recalca que el problema de esta norma jurídica es que contradice el derecho internacional que luego de décadas de investigación científica han corroborado que este tipo de reclusión provoca “daños irreversibles muy rápidamente”.
Y que los efectos del confinamiento solitario forma un síndrome parecido al “delirio” y no se parece a ninguna otra enfermedad mental, citando la investigación de Stuar Grassian, profesor de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. “En el mejor de los casos, la Asamblea Legislativa aprobó esta reforma a la Ley Penitenciaria sin conocimiento de que, al aprobarla, el Estado de El Salvador estaría transgrediendo sus obligaciones internacionales. En el peor de los escenarios, la Asamblea si tuvo conocimiento del entramado de normas y jurisprudencia internacional que prohíbe el aislamiento prolongado y, de cualquier forma, procedió a su aprobación”.
Y del mismo modo: “Es posible que el presidente Bukele no esté informado de que las celdas de confinamiento que presume no cumplen con los estándares mínimos necesarios para no violentar los derechos humanos de las personas que las habitan. De sí estar informado al respecto, resultaría preocupante que un líder democrático desdeñe los límites al poder que tanto ha costado construir”, reiterar.
En El Salvador, subrayó la Fundación para el Debido Proceso, existen controles para el poder público y que cuando dos órganos del Estado (Ejecutivo/Legislativo) fallan en garantizar la tutela de los derechos, esa responsabilidad se traslada hacia los tribunales.
“A un año y tres meses de haber interpuesto la demanda, la Sala de lo Constitucional aún no ha dado trámite a este asunto. Cada día que transcurre sin que la constitucionalidad y convencionalidad de la Ley Penitenciaria sea revisada, es un día más en el que ese régimen especial de aislamiento se administra a miles de personas privadas de la libertad que hoy están recluidas en centros de máxima seguridad”.
Asimismo, “la posibilidad que una proporción importante de esa población presente daños psicológicos y físicos irreversibles no puede descartarse y la responsabilidad del Estado tampoco”, manifiesta.
Para la DPLF, las otras víctimas de esta política penitenciaria son las familias de las personas privadas de libertad, quienes desde 1 de marzo de 2020, todas las visitas en los centros penales de El Salador han sido suspendidas oficialmente, en el contexto de la pandemia del COVID-19, sin ninguna comunicación entre internos y sus familias.
“El temor de miles de familias es que sus seres queridos hayan contraído y muerto por el virus COVID-19 y que se acrecienta con el silencio de la autoridad. Mientras tanto, esta afrenta flagrante a la Constitución y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos invita a reflexionar sobre qué tan tenues son los límites que hoy impiden que la Asamblea Legislativa y el poder Ejecutivo pongan en marcha políticas que afecten otros derechos humanos de las y los salvadoreños, sin que existan consecuencias. Está en manos de la Sala de lo Constitucional responder con celeridad y firmeza”, destacaron.a
