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Por David Alfaro
12/06/2025
«Con el respaldo tácito de Donald Trump, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha profundizado una estrategia represiva que va más allá de la disidencia política: apunta a desmontar cualquier forma de control democrático, desmantelar la independencia judicial y consolidar un poder sin contrapesos». Así lo confirma una reciente publicación de la agencia AP.
Y así lo viven miles de salvadoreños sometidos al miedo, al silencio forzado y al deterioro sistemático del Estado de derecho.
La represión en El Salvador no es solo un exceso autoritario: es una estrategia deliberada. Se persigue para ocultar. Se encarcela para intimidar. Se silencia para que no se hable del saqueo de fondos públicos, de los acuerdos oscuros con las pandillas y de la corrupción estructural que el gobierno ha preferido tapar antes que enfrentar. La narrativa oficial —que presenta al régimen como eficiente y reformador— esconde un aparato que utiliza el poder para blindarse, no para servir.
El deterioro institucional, la judicialización de la crítica y la instrumentalización de la justicia generan un altísimo costo humano. Detrás del discurso de orden y control, hay miles de vidas truncadas, comunidades sometidas a la vigilancia y una democracia cada vez más lejana.
Este modelo de poder, sostenido en el miedo y la propaganda, no puede normalizarse. Frente a la represión sistemática, el silencio de la comunidad internacional y la resignación ciudadana serían un aval peligroso. Hoy, más que nunca, El Salvador necesita voces firmes que denuncien lo que otros intentan ocultar.
