Comunidades exigen prohibición de la minería en el Día Mundial contra la minería a cielo abierto

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En Cabañas, Chalatenango y el Bajo Lempa (Usulután) diversas comunidades alzaron su voz para para pedir la prohibición de la minería metálica en El Salvador; el llamado se hizo en el marcó del Día Mundial contra la Minería a cielo abierto, el 22 de julio.

En tres puntos distintos de El Salvador, las comunidades se unieron en una sola voz para decir “sí a la vida, no a la minería”. Diario Co Latino cubrió la concentración que se efectuó en el desvió de Ilobasco, en Cabañas, luego se documentó a la comunidad El Tren en San Isidro para conocer a detalle los relatos de un posible desalojo por el tema minero (reportaje en los próximos días).

En conferencia de prensa, las organizaciones señalaron que cada 22 de julio se recuerda el Día Mundial contra la Minería a cielo abierto, donde se recuerdan los impactos medioambientales que la industria minera provoca en los territorios, los ríos y en la salud de la población.

“Este día, en muchos países, se manifiestan comunidades y organizaciones defensoras del medioambiente, para exigir la prohibición o regulaciones estrictas contra la explotación minera, especialmente en aquellos lugares donde la megaminería causa estragos: destruye bosques, contamina el agua y desaloja comunidades”, dijeron las comunidades.

Peter Nataren, representante de la Comunidad Santa Marta en Cabañas, señaló que la minería “es una industria tóxica y criminal para la humanidad y para el medio ambiente” y no solo en El Salvador si no en toda Centroamérica, ya que diversas empresas extractivistas han llegado a los territorios con intenciones de extraer los minerales de los suelos.

Estas acciones ha hecho que la ciudadanía se organice y proteste, ya que están en contra de los trabajos mineras por las implicaciones que esta genera.

“Está demostrado científicamente, en múltiples estudios, que la minería metálica es inviable en el país por ser un territorio pequeño, densamente poblado, con un grave deterioro ecológico y un creciente estrés hídrico. Por eso, tras una larga lucha de las comunidades, organizaciones y diversos sectores sociales, logramos prohibir la minería y ponernos a salvo de sus terribles daños”, dijeron las comunidades en su postura que se leyó en los tres actos en simultáneo.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa en 2017 prohibió la minería metálica en El Salvador, siendo una victoria para la ciudadanía, comunidades y organizaciones medioambientales; esta ley “fue resultado de un amplio consenso nacional; y su texto fue escrito con la sangre de mártires ambientalistas que murieron defendiendo el agua y la vida en comunidades amenazadas por proyectos mineros: Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera”.

Sin embargo, esta ley apenas duró 7 años, ya que, con el ingreso de Nuevas Ideas a la Asamblea y el presidente de la República Nayib Bukele, con su segundo mandato inconstitucional en diciembre de 2024, la actual Asamblea Legislativa, por orden del gobierno, aprobó una nueva ley que permite la minería y pone, otra vez, al país “en graves peligros. La actual Ley General de Minería se aprobó sin ningún debate y contra la opinión de la mayoría de la población que no quiere minería”.

En los últimos 19 meses la ciudadanía organizada, las comunidades, las organizaciones medioambientales han pedido a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia que derogue la Ley General de Minería; incluso, la iglesia católica  y algunas evangélicas han pedido su derogación, pero el oficialismo y el mismo Gobierno ha hecho caso omiso a esas peticiones.

Una encuesta de la del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA realizada a finales de 2024, indica que 61 de cada 100 salvadoreños consideran que la minería metálica tendría algún tipo de impacto negativo sobre el medio ambiente.

Por el contrario, las comunidades informaron que el gobierno salvadoreño ha firmado un convenio comercial con Estados Unidos, en el que se compromete a facilitar la llegada de empresas mineras. “El tenebroso acuerdo de comercio también incluye la posibilidad de instalar plantas nucleares y traer al país desechos radioactivos, que amenazan aún más la existencia de la vida en El Salvador”, dijeron las comunidades.

A juicio de estas comunidades, la minería metálica sería el colmo para el deterioro ambiental que de por sí, ya está deteriorado; ya que la mayoría de proyectos mineros estarían sobre la cuenca del Río Lempa. En pocos años, el principal afluente nacional sería un charco de agua con cianuro y de drenaje ácido de metales pesados. “El país se quedaría sin agua, debido al uso intensivo que harían”.

Peter Nataren, además, planteó que los supuestos beneficios económicos serían únicamente para las empresas mineras y probablemente para algunos funcionarios del gobierno, mientras que las comunidades quedarán más pobres y el país acabaría “más destruido”. La contaminación del agua y el suelo afectaría gravemente la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades económicas, enlistó Nataren.

A ello sumado que las instituciones en El Salvador “no tienen ningún peso”, sintetizó, ya que las decisiones las realiza “una sola familia” en referencia a los Bukele. A juicio del líder comunitario, Bukele busca una protección detrás del tema de la minería, ya que trabaja con empresas mineras “muy poderosas”.

Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, así como el ministro de Salud, Francisco Alabi “no tienen opinión”, lamentó Nataren.