Redacción Nacionales
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El periodista y activista ambiental Leonel Herrera advirtió que la reactivación de la minería metálica en El Salvador representa una amenaza para las fuentes de agua, los ecosistemas y la salud de la población, al tiempo que instó a la ciudadanía a no respaldar en las próximas elecciones a los diputados que aprobaron la legislación que permite nuevamente esta actividad extractiva.
Durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, realizada en el contexto del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, Herrera aseguró que la oposición a la minería no responde a posiciones ideológicas, sino a la evidencia científica acumulada durante años sobre los impactos ambientales que tendría esta industria en un territorio con alta vulnerabilidad hídrica.
«El Salvador no aguanta la minería», afirmó el ambientalista, al comparar la situación del país con la de un paciente que requiere una operación, pero cuyo estado de salud no le permite soportarla. Según explicó, el principal obstáculo es la escasez de agua y el elevado nivel de contaminación de los recursos hídricos nacionales. El 97 del agua en el país está contaminada.
Como ejemplo, recordó que el proyecto de explotación minera que la empresa Pacific Rim impulsó en San Isidro, Cabañas, contemplaba utilizar alrededor de un millón de litros de agua diarios. Agregó que, si llegaran a desarrollarse los cerca de 20 proyectos mineros identificados en el país, el consumo alcanzaría aproximadamente 22 millones de litros de agua cada día, gran parte provenientes de la cuenca del río Lempa, principal fuente de abastecimiento para la población salvadoreña. Además, este y los ríos tributarios quedarían altamente contaminados.
Herrera relató que incluso un empresario minero estadounidense reconoció, durante un curso internacional sobre minería, que El Salvador no reúne las condiciones para desarrollar esta actividad después de conocer que alrededor del 95 % de los ríos del país presentan algún grado de contaminación.
«Debemos decidir si la poca agua disponible la utilizaremos para garantizar el consumo humano y producir alimentos o para extraer minerales», expresó Herrera.
El activista también cuestionó el uso de sustancias altamente tóxicas como el cianuro, empleado para separar el oro de la roca durante el proceso de extracción.
Según explicó, Pacific Rim proyectaba utilizar unas 700 toneladas de cianuro al año, equivalentes a cerca de dos toneladas diarias. A su juicio, el manejo de esas cantidades constituye un riesgo permanente en un país expuesto a tormentas tropicales y otros fenómenos naturales que podrían provocar el colapso de depósitos donde se almacenan los desechos mineros.
Como antecedente, mencionó el desastre ocurrido en Brasil en 2019, cuando la ruptura de un depósito de residuos mineros liberó millones de metros cúbicos de lodo tóxico que destruyeron comunidades, contaminaron ríos y afectaron extensas zonas agrícolas.
Advirtió que un accidente similar en El Salvador tendría consecuencias de enormes proporciones debido a que la mayoría de los proyectos mineros se encuentran en la cuenca del río Lempa o en sus afluentes.
Herrera también alertó sobre el drenaje ácido de minas, un proceso de contaminación provocado por la exposición de metales pesados al agua y al aire, cuyos efectos pueden prolongarse durante siglos.
Como evidencia citó el caso del río San Sebastián, en Sana Rosa de Lima, La Unión, contaminado desde hace más de 150 años por antiguas explotaciones mineras y donde, según señaló, prácticamente ha desaparecido la vida acuática.
Asimismo, rechazó los argumentos de quienes promueven una «minería sostenible», al sostener que actualmente no existe un método de extracción de oro y plata que elimine el uso intensivo de agua, el empleo de cianuro o la destrucción de ecosistemas.
El periodista denunció además que ya existen señales de avance de proyectos mineros en algunas zonas del país. Mencionó el caso de la comunidad El Tren, en San Isidro, Cabañas, cuyos habitantes —según afirmó— enfrentan amenazas de desalojo debido al interés de desarrollar explotaciones mineras en el área.
También denunció presuntas represalias contra un habitante identificado como Francisco González, quien habría perdido la posibilidad de realizar trabajos en el cementerio municipal tras denunciar públicamente esa situación.
En el ámbito político, Herrera sostuvo que la minería debe convertirse en uno de los principales temas de debate durante la campaña electoral y llamó a la población a evaluar el papel desempeñado por los legisladores que aprobaron la nueva normativa.
Recordó que la prohibición de la minería metálica fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, luego de más de una década de investigaciones, movilizaciones sociales y pronunciamientos de diversos sectores, incluida la Iglesia católica.
A su juicio, ese consenso nacional representó uno de los acuerdos ambientales más importantes alcanzados en la historia reciente del país y su derogación reabrió un conflicto que se consideraba superado.
«El mayor problema que enfrenta El Salvador es la amenaza ambiental que representa la minería, porque los daños que ocasiona son prácticamente irreversibles», afirmó.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que exija la derogación de la ley que permite nuevamente la minería metálica y considere este tema al momento de emitir su voto, al sostener que las decisiones adoptadas tendrán consecuencias para las actuales y futuras generaciones, e insistió no votar por los diputados que aprobaron la Ley de Minería.
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