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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el movimiento ecofeminista, Reverdes, condenó la visión de crecimiento que el Gobierno de El Salvador (GOES) está implementado como un “ideal de desarrollo”, el cual ignora las garantías legales, las consecuencias que se materializan como violencia contra las mujeres y la naturaleza, y en el peor de los casos, la muerte de mujeres y niños a falta de condiciones aptas para vivir.
“Hoy, las mujeres diversas que nos nombramos ecofeministas, defensoras del territorio, de los derechos de la mujer y la naturaleza, tomamos la palabra para pronunciarnos y expresar que la destrucción ambiental nos afecta de forma diferenciada, debido a que, por la división sexual del trabajo, hemos sido las mujeres las que estamos históricamente ligadas a los trabajos de ciudadano no remunerados y al cuido de la tierra”, indicaron las representantes de Reverdes.
Según la organización, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) junto con el ministerio de Agricultura y Ganadería, han aprobado y acelerado permisos ambientales a empresas, sin una evaluación ambiental previa que garantice la protección y precaución de las zonas.
Las vulneraciones ambientales se ven expuestas en diferentes problemáticas como: la zona de recarga del río Huiza, que es protegido por la Asociación de Mujeres Huizacareñas, en la cual la empresa Huizucar Energy aspira a deforestar más de 50 manzanas de bosque para instalar paneles solares.
Asimismo, Valle el Ángel, una zona de 1,500 manzanas de territorio de recarga hídrica destruido con el aval del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para el desarrollo de Ciudad Valle El Ángel, así como Paseo del Prado, que abastece del recurso a más de 6,000 pobladores.
“Como una construcción urbanística viene a amenazar el territorio y la vida de las mujeres cuando son las mujeres quienes están resistiendo una junta de agua que abastece a 6 mil personas, junta comunitaria liderada por mujeres que están resistiendo ante esta gran amenaza, cuando las mujeres se ponen a defender el territorio, frente a instituciones, empresas, y al MARN, entidades que está dando permisos ambientales sin importarle cuáles son los impactos que tienen en los territorios y en la vida de las mujeres”, señaló Judith Barrera, de Reverdes.
Por su parte, Adriana Barrera, miembro de la organización, destacó que la degradación ambiental afecta la salubridad de las mujeres, referente a ciclos fisiológicos como el período de menstruación o el parto, procesos que necesitan estándares dignos, para garantizar la sanidad necesaria. Aspecto que se dificulta ante la falta de agua o el uso de recursos contaminados.
“La degradación ambiental es una amenaza en el tema de salubridad, por ejemplo, los impactos son diferenciados, nosotras tenemos otros ciclos fisiológicos a los de los hombres, como el proceso de la menstruación, el proceso de parto. Esto necesita ciertas condiciones de salubridad, de agua para poder garantizar la limpieza”, destacó Barrera.
Otro territorio que afecta a las comunidades es la porqueriza Santa Elena Montefresco, en el municipio de Ciudad Arce, que perjudica aproximadamente a 20,000 personas, por residuos de cerdaza que contaminan el río Amayo, en las comunidades de Santa Lucía y Santa Rosa.
Sara Monroy, de Reverdes, destacó que la porqueriza contamina dicho río, manto acuífero de donde se abastecen las comunidades de Santa Lucía y Santa Rosa, sin embargo, la alcaldía del municipio no ha cumplido el acuerdo de desinstalar el establecimiento y la recuperación de la zona, acción que tiene hasta el 21 de marzo para hacerlo, según lo acordado.
Reverdes exigió al GOES la remoción de los permisos ambientales extendidos, con una evaluación ambiental regida por la ley, para garantizar la calidad de vida de las comunidades aledañas; la implementación de políticas públicas a favor de los deterioros y bienes comunes con enfoque de género, el reconocimiento y protección de las mujeres en la lucha ambiental, que sea agregada a la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), la violencia ambiental como afectación directa hacia las mujeres, y que se expongan los efectos socioambientales que sufren las mujeres por la devastación de áreas verdes.
