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El Movimiento por la Defensa de la Tierra de Tecoluca realizó un monitoreo en la zona donde se construye un relleno sanitario en el área natural protegida Lomas de Angulo

Comunidades de Tecoluca denuncian posible afectación de vertientes de agua por relleno sanitario

Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento por la Defensa de la Tierra de Tecoluca realizó un monitoreo en la zona donde se construye un relleno sanitario en el área natural protegida Lomas de Angulo, contigua a la comunidad San Francisco Angulo, en el distrito de Tecoluca, San Vicente. La organización denunció que imágenes aéreas evidenciarían la posible perforación de vertientes de agua en el sitio donde la empresa mexicana Cyeemsal desarrolla el proyecto que se ejecuta sin el consentimiento de la comunidad.

Los habitantes de la comunidad advirtieron que la intervención podría provocar la destrucción de flora y fauna, la tala de árboles centenarios, la contaminación de los ríos cercanos y de nacimientos de agua que forman parte de la cuenca media del Estero de Jaltepeque, reconocido como un sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional protegido por ese convenio.

La organización Cristosal también expresó su preocupación por el desarrollo del relleno sanitario. Señaló que el proyecto, impulsado desde 2018 por la Asociación de Municipios Los Nonualcos, afectaría una zona de recarga hídrica con ecosistemas sensibles, lo que representa un riesgo de deforestación y contaminación de las fuentes de agua para las comunidades aledañas, entre ellas San Francisco Angulo.

La comunidad recordó que ya se han registrado intentos anteriores de instalar un vertedero en la zona. El primero ocurrió en mayo de 2007, bajo una iniciativa de la entonces Microregión Los Nonualcos, cuando se destinaron tres manzanas de terreno para un basurero que comenzó a operar en 2008, pero que fue cerrado nueve meses después debido a las protestas de los habitantes.

Un segundo intento se produjo en 2017, cuando la actual Asociación de Municipios Los Nonualcos adquirió un terreno con el propósito de ampliar el proyecto con apoyo de una empresa alemana. Sin embargo, el 1 de marzo de 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió una resolución en la que recomendó no construir el relleno sanitario en el sector, al considerar los riesgos ambientales y la necesidad de preservar la memoria histórica y dignificar a las víctimas del conflicto armado, ya que entre septiembre de 2005 y enero de 2006 fueron recuperadas 30 osamentas de personas asesinadas durante una masacre contra población civil de San Francisco Angulo.

Los pobladores sostienen que el proyecto continúa pese a los recursos legales presentados y a la resolución emitida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2018. Foto Cortesía

Pese a ello, y luego de que la comunidad agotara otras instancias, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), el Juzgado Ambiental y la PDDH, además de presentar una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional para solicitar la suspensión de la obra, el proyecto continuó. Esto ocurrió después de que el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, en San Vicente Sur, resolviera el 18 de mayo, durante la audiencia inicial, decretar el sobreseimiento definitivo a favor de la representante legal de la empresa encargada de la construcción del relleno sanitario.

En febrero de 2026, el Movimiento también presentó un aviso ante la FGR por el presunto cometimiento de actos arbitrarios. Según la organización, durante el ingreso de maquinaria pesada al proyecto se desplegaron alrededor de 100 agentes policiales para resguardar el acceso al área, situación que generó tensión entre los habitantes. Desde entonces, las labores de excavación con maquinaria pesada han continuado y la comunidad mantiene su preocupación por los posibles impactos ambientales de un proyecto sobre el que asegura no haber sido consultada. Asimismo, sostiene que instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) favorecieron a la empresa Cyeemsal con la emisión de permisos ambientales, pese a la resolución emitida por la PDDH.

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