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Comunidad de la Hacienda La Labor, piden cese la construcción de un complejo residencial que afectaría el acceso al recurso hídrico de más de 12 mil habitantes. Foto Diario CoLatino/Archivo

Comunidad solicita al gobierno cancelar proyecto residencial

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Denunciamos el proceder poco transparente de la empresa FENIX S.A de C.V y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por manipular a su favor la Ley de Medio Ambiente”, destaca el pronunciamiento emitido por las comunidades de la Hacienda La Labor, ante el permiso para construir un complejo habitacional.

La Hacienda La Labor se encuentra a una distancia de 95.6 kilómetros de San Salvador, en la carretera Panamericana que lleva al departamento de Ahuachapán, al occidente del país.

La lucha social por la preservación y el derecho humano al agua en la comunidad La Labor ha sido compleja y criminalizada, generando que los líderes comunitarios terminaran siendo capturados y encarcelados bajo la acusación de “ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo”, en diciembre de 2021, al tratar de parar la extracción del bien natural. Y no obstante que recuperaron su libertad el pasado 28 de enero, en espera del término de su proceso judicial. La comunidad ha vuelto a reiterar la exigencia que la empresa FENIX S.A de C.V no siga extrayendo agua del territorio donde residen porque vulnera el derecho de al menos, 12 mil habitantes que han estado a largo de muchos años en la zona.

“Nos ha sorprendido y está causando mucha incertidumbre la noticia de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por medio de la resolución 769-2020-ESIA-7-2022, ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa FENIX S.A de C.V. , relacionado al proyecto urbanístico Residencial ECO-TERRA HACIENDA”, denunciaron.

Ante esta resolución ambiental los habitantes de la Comunidad Hacienda La Labor expresaron su incertidumbre sobre este proyecto inmobiliario, porque no existió una “consulta previa” sobre la construcción de la residencial, que limitaría gravemente su acceso al agua y su derecho humano a la salud y la vida de los comunitarios.

“Como comunidad señalamos que de implementarse este proyecto Residencial Eco-Terra Hacienda, se estaría dejando sin agua a lo más de 12 mil habitantes de nuestra comunidad.

La lucha de estas comunidades también los ha llevado a estar en la cárcel, sus principales líderes fueron acusados por la FGR de invadir violentamente un terreno de la Inmobiliaria Fénix. Foto Diario CoLatino/Archivo

Según el estudio de impacto ambiental la empresa tendría una disponibilidad de agua de 33.85 litros por segundo esto es equivalente a 2,894. 4000 litros al días, que equivale a 18, 319 barriles de agua al día y al año serían 6, 686, 430. 00 barriles”, señalan.

Asimismo, expresaron sentirse “desamparados” ante el comportamiento de la institucionalidad como los ministerios de: Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Vivienda, Trabajo, de Justicia y Seguridad Pública.

Así también, a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), junto al gobierno local de Ahuachapán, “actúan en favor de la empresa y contra la comunidad”, afirmaron, tras recordar la captura y encarcelamiento de tres líderes comunitarios cuando denunciaron las acciones injustas por el acceso al agua. “Pedimos a las instituciones correspondientes se nos escuche y paren este proyecto que nos dejará sin agua y sin posibilidades de futuro. No queremos más conflictos, queremos ser una comunidad que viva en armonía y en paz”, dijeron. “Exigimos al Juzgado Ambiental de Occidente que actúe de oficio ante la denuncia que por este medio hacemos y que pare el proyecto Residencial ECO-TERRA HACIENDA por daños ambientales y por poner en riesgo el derecho humano al agua de la comunidad”, aseguraron.

En cuanto al llamado al presidente de la república, Nayib Bukele, solicitaron una “audiencia urgente”, para que representantes de la comunidad de la Hacienda La Labor, puedan exponer y profundizar sobre los factores perjudiciales que causaría el complejo habitación al, y que sus funcionarios han autorizado a que se edifique en detrimento de la población vulnerable y la destrucción de los ecosistemas existentes en la zona.

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