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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Exigimos que sean liberados plenamente, es decir, que les sean retirados los cargos y el proceso penal sea revertido debido a la falta de pruebas”, declararon integrantes de la Comunidad Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES-Santa Marta).
Este 11 de septiembre se cumplieron 8 meses de la detención de Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, quienes ahora, guardan “detención domiciliar” en sus casas de habitación, por su grave estado de salud. Los líderes comunitarios y ambientalistas han sido acusados por la Fiscalía de un crimen ocurrido en 1989, durante la guerra civil.
Los cinco ambientalistas se encuentran en sus hogares rodeados de sus familias recuperándose de los “graves daños de salud” que presentan, derivado de la mala alimentación, falta de agua, ausencia de medicamentos, hacinamiento y la imposibilidad de contar con higiene personal, según informan familiares y comunitarios de Santa Marta.
Los dirigentes de ADES y pobladores de Santa Marta reiteraron la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional, luego de la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, y que puso fin a 12 años de guerra civil en El Salvador.
“El caso es sólo una manipulación de la justicia para perseguir a defensores del agua, del medioambiente y la vida gravemente amenazada por la posible reactivación de la minería”, argumentaron.
“En tal sentido, exigimos al Estado salvadoreño acatar el llamado de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Univas, Mary Lawlor, de absolver a los ambientalistas”, indicaron.
El llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) a retirar la acusación contra sus compañeros y líderes comunitarios es porque se trata de un “caso improcedente”, como ha argumentado reiteradamente el abogado defensor de los ambientalistas de Cabañas. A esta petición de la Comunidad Santa Marta y de ADES se suman las últimas declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk , quien expresó su preocupación por la “excesiva duración del actual estado de excepción y las detenciones masivas”, en el país, que ya lleva 15 meses de vigencia. Así como las “inaceptables condiciones carcelarias”, y las restricciones al espacio cívico y del debido proceso, acotó Türk.
