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La Comunidad San Francisco Angulo mantiene viva la lucha para buscar la verdad y la justicia de las personas masacradas en 1981. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Comunidad San Francisco Angulo conmemora a sus mártires y pide el cese del relleno sanitario

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

 

La Comunidad San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, y el Movimiento por la Defensa de la Tierra conmemoró a las víctimas de la masacre perpetrada en 1981 en la comunidad. A 45 años de la masacre, la comunidad sigue en la lucha.

De acuerdo a la comunidad, el 25 de julio de 1981, efectivos militares y estructuras paramilitares ingresaron al caserío y asesinaron a 45 personas, entre ellas niñas, niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y otros civiles.

Este hecho ni siquiera fue enfrentamiento, fue un atentado directo con la población civil indefensa, ejecutada como parte de la violencia contrainsurgente que buscó destruir comunidades, desplazar familias y sembrar terror en el territorio.

La comunidad San Francisco Ángulo y el Movimiento enfatizaron que “conmemorar no significa únicamente recordar”, sino que cada acto de memoria “devuelve nombre, humanidad y presencia a quienes se intentó borrar”

“La conmemoración constituye una acción reparadora construida por personas sobrevivientes, familiares y comunidades que han protegido las tumbas, levantado monumentos, transmitiendo testimonios y sosteniendo la exigencia de verdad”, destaca el comunicado de prensa divulgado por la comunidad en sus redes sociales.

A 45 años de la masacre, las instituciones del Estado aún guardan silencio, pero la misma comunidad y por supuesto, las familias de las víctimas no dejan que el crimen de lesa humanidad quede en el olvido.

Las exhumaciones, según ha comunicado, han sido incompletas, los archivos militares continúan sin abrirse y el reconocimiento del aparato estatal no ha sido acompañado por justicia efectiva ni reparación integral.

Félix Laínez, presidente comunal de San Francisco Angulo, enfatizó que en el relleno sanitario se hicieron movimientos de osamentas y el Estado no ha cumplido su papel para resguardar el terreno donde podrían estar más osamentas de la masacre antes mencionada. La comunidad informó que aún faltan osamentas que buscar, serían aproximadamente 14 osamentas las que faltan de encontrar.

Laínez recordó que aquel día de 1981 “fue de mucha tristeza”, a la vez, “estábamos temerosos de no regresar a la comunidad en vista de la gran masacre que había”.

René Alfaro, de la comunidad San Francisco Ángulo, señala que hace 45 años, la comunidad “fue tratada de lo peor, como una comunidad criminal por el hecho de ser una comunidad campesina”.

“Recuerden que, en aquellos momentos, la persona que pensaba diferente al gobierno era tratada de lo peor, por hacer una crítica, por alzar la voz, por denunciar lo mal que se vivía en aquellos años, por exigir arroz o frijoles a los patrones, por eso las comunidades eran víctimas y criminalizadas”, destacó Alfaro.

En la actividad se desarrolló una misa en honor a las víctimas de la masacre ejecutadas por militares hace 45 años. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Mientras esperan justicia para las más de 45 víctimas civiles masacradas, se enfrentan a otro problema, un relleno sanitario que se construye en la zona; sin siquiera pedirles permiso a la comunidad, ya que desde luego, se lo iban denegar por los problemas medioambientales y de salud que genera.

El megaproyecto de relleno basurero impulsado por las empresas CYEMMSAL (filial de CYEMMEX) se desarrolla junto con la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, ANDRES, y la Asociación de Municipios de Los Nonualcos. “Es improcedente llamar desarrollo a proyectos que destruyen el bosque y dañan el agua, que amenazan la salud, que atropellan la memoria y obligan a las comunidades a defender nuevamente su existencia”.

Por ello, la comunidad y el Movimiento por la Defensa de la Tierra exigen la suspensión del proyecto y el retiro de la maquinaria pesada de la zona. Además, el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2018. Exigieron además una investigación penal sobre cualquier destrucción, alteración o profanación de enterramientos.

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