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México/AFP
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas revisará por primera vez a México durante su próxima reunión, tadalafil informó la ONU este miércoles, en momentos en que el país latinoamericano enfrenta una crisis por la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes.
El Comité (CED, por sus siglas en inglés) «sostendrá un diálogo constructivo con una delegación del gobierno mexicano» el 2 y 3 de febrero en Ginebra, indica un comunicado de la ONU.
«Compuesto por 10 expertos independientes en derechos humanos de distintas nacionalidades», el CED monitorea la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que México ratificó al igual que otros 43 Estados, añade el parte.
El 26 de septiembre, 43 estudiantes mexicanos desaparecieron en Iguala (Guerrero, sur) tras sufrir un ataque armado de policías locales coludidos con narcotraficantes, aparentemente ordenado por el alcalde.
«Voy a acusar de desaparición forzada a los policías que participaron en el asunto, al presidente municipal (de Iguala), a los jefes de la policía y a todos los que hayan sido funcionarios que hayan tenido que ver» en el caso, dijo la noche del miércoles el fiscal general, Jesús Murillo Karam, a la televisora Milenio.
Cerca de un centenar de personas fueron detenidas por el crimen de los estudiantes, entre ellas policías y el alcalde de Iguala.
Karam dijo que, en primera instancia, fueron acusados por «secuestro agravado» porque ese delito es penalizado con 140 años de prisión, mientras que por desaparición forzada se prevén 40 años.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) aseguró que aún queda por esclarecer «la posible complicidad por acción u omisión del Ejército» en el ataque a los estudiantes, lo que Karam ha negado categóricamente.
Los padres de los estudiantes, que han encabezado multitudinarias marchas para denunciar la participación del Estado y de los militares en la desaparición de sus hijos, anunciaron el martes que enviarán una delegación al CED para exponer su caso.
Karam aseguró el martes que los hallazgos de la investigación permitían tener la «certeza legal» de que los estudiantes fueron asesinados por sicarios del narcotráfico, a pesar de que únicamente uno de ellos ha sido identificado mediante pruebas de ADN.
Esta versión fue cuestionada por los padres de los estudiantes, AI y Human Rights Watch.
La lucha armada contra el crimen organizado que emprendió el gobierno mexicano en 2006 ha dejado más de 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos.
«Durante años hemos identificado la impunidad que prevalece en México en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas», denunció la ONU en octubre pasado, al pedir una investigación «seria» sobre el crimen de los estudiantes.
