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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Comité contra la Tortura del Sistema de las Naciones Unidas (ONU) señala “graves consecuencias” ante las medidas que se han generado tras el Régimen de Excepción que lleva ocho meses de vigencia en El Salvador, de acuerdo con el informe final, dado a conocer recientemente.
“El Estado debe asegurar que su legislación de excepción se ajuste a la normativa internacional de derechos humanos; abolir las disposiciones según las cuales las personas detenidas pueden permanecer en detención administrativa por períodos de hasta 15 días y efectuar las enmiendas necesarias para introducir en su lugar un período máximo de 48 horas”, dice un resumen del informe.
El informe final del Comité contra la Tortura, presentado este 25 de noviembre, se da luego que el Estado salvadoreño presentara su documentación para su tercer proceso de evaluación periódica, el pasado 17 y 18 de noviembre del presente año. El Comité aceptó el informe del Estado salvadoreño pero lamentó que fuera con seis años de retraso.
En cuanto a los motivos principales de preocupación y recomendaciones, el Comité contra la Tortura las hace en materia de “salvaguardas legales fundamentales”.
El Comité expresó su “profunda preocupación” por las graves consecuencias en materia de derechos humanos que presentan las medidas adoptadas por las autoridades en el marco del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo pasado y que lleva 8 meses de vigor, generando la captura de 57 mil personas.
“En particular, preocupan al Comité, las informaciones que denuncian detenciones colectivas y de carácter discriminativo, sin orden de detención ni indicación sobre los motivas de las mismas.
Además, las “Trabas a la notificación de la detención a un familiar o un tercero por parte de las personas privadas de libertad, incluidos menores de edad”.
Asimismo, destacan las “Dificultades en el acceso a la asistencia letrada, incluida una asistencia jurídica gratuita cuando así se justifique, como consecuencia del elevado número de arrestos y detenciones, y a pesar del nombramiento de 40 defensores públicos adicionales adscritos a la Procuraduría General y la ampliación de 72 horas para que las personas detenidas comparezcan ante un juez hasta 15 días del límite”.
El Comité repara en la “ausencia de un registro sistemático y completo” de las personas privadas de libertad, así como la información de traslados de los centros de detención es preocupante.
Señala también la falta “información suficiente” sobre las investigaciones y medidas disciplinarias o penales impuestas a agentes de las fuerzas del orden por incumplimiento de las salvaguardias procesales para prevenir casos de torturas y malos tratos.
El Comité urgió al Estado salvadoreño a adoptar medidas eficaces para prevenir las detenciones arbitrarias sin orden de detención, a garantizar que las personas detenidas cuenten con las salvaguardias fundamentales informando la razón de su detención, y con prontitud avisar de esa detención a un familiar o particular y contar con asistencia jurídica en protección de sus derechos.
“El Estado debe asegurar que su legislación de excepción se ajuste a la normativa internacional de derechos humanos; abolir las disposiciones según las cuales las personas detenidas pueden permanecer en detención administrativa por períodos de hasta 15 días y efectuar las enmiendas necesarias para introducir en su lugar un período máximo de 48 horas”, manifestó.
El Comité sugiere al Estado salvadoreño, retomar el tema de la Justicia Transicional, que incluye la creación de la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República que investiga estos casos, para los casos de las violacioens en el periodo del conflicto armado (1980-1992).
En este tema, al Comité le preocupa los insuficientes recursos asignados a dicha unidad especializada de la FGR, y la “demora” en el enjuiciamiento de los responsables, en especial en los casos relativos a presuntos “crímenes de guerra, de lesa humanidad, de tortura y de desaparición forzada”.
El Comité contra la Tortura le demandó al Estado salvadoreño “Redoblar sus esfuerzos para la pronta investigación , de manera eficaz e imparcial, de todas las presuntas violaciones graves de los derechos humanos, incluida la tortura y las desapariciones forzadas, ocurridas en el período 1980-1992, y garantizar el enjuiciamiento de los presuntos responsables”.
Además, demanda “Garantizar la cooperación de las fuerzas armadas en la investigación de violaciones de derechos humanos del pasado y el acceso a los archivos militares, de cuerpos de seguridad, así como a las instalaciones militares cuando ello sea relevante para la investigación”, reiteraron.
Asimismo, sugirieron que se ratifique la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y tomar medias necesarias para fortalecer el funcionamiento de las comisiones nacionales de búsqueda de personas desaparecidas”, otorgándoles prepuesto para su funcionamiento.
En el resumen del informe, el Comité contra la Tortura solicitó al Estado salvadoreño que presente su próximo informe a más tardar el 25 de noviembre de 2026. Y que difunda de la manera más amplia el informe presentado por este Comité con sus observaciones finales.
