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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Como parte del proceso para determinar el posible desafuero de Norman Quijano (ARENA), a quien la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa el posible cometimiento de los delitos de asociaciones ilícitas y fraude electoral, por supuestas reuniones con pandilleros, la Comisión de Antejuicio valoró las pruebas de cargo y descargo presentadas por las partes involucradas.
Durante la sesión, las partes acusadora y defensora discreparon sobre la valoración de la prueba presentada por la FGR, ya que la misma incluye aspectos correspondientes a otros casos ya judicializados o pendientes de ello, en los cuales no se menciona al diputado Quijano. “Nosotros creemos que no es pertinente que se mezclen hechos que ocurrieron en 2003; hacen una mezcla de cosas, personas y condiciones que no prueba solo cita, consideramos que nada de esto tiene que ver con el caso que nos tiene aquí”, dijo Francisco Beltrán Galindo, abogado defensor de Norman Quijano.
Galindo se refiere a un informe presentado como prueba en el que se detallan aportes económicos que la alcaldía de Ilopango, dirigida en esos momentos por Salvador Ruano, efectuaba en concepto de salario a más de 125 cuentas pertenecientes a varios miembros de estructuras criminales, en las cuales en ningún momento se nombra al legislador.
Luego de evaluar las posiciones de todas las partes involucradas, los integrantes de la comisión decidieron examinar las pruebas presentadas por la FGR para individualizarlas y hacer públicas únicamente las que atañen a Quijano, esto para no entorpecer procesos en vías de judicialización.
“Esta comisión valorará las pruebas de forma privada para determinar cuáles tomar en cuenta, lo que pasa es que al hacer pública toda la prueba estaríamos botando casos ante los tribunales y creo que lo que se debe hacer es buscar justicia, sin importar el talante del funcionario involucrado”, sostuvo Raúl Beltrán, diputado del PCN y presidente de la instancia legislativa.
La discrepancia entre las partes involucradas en el antejuicio tiene que ver con que entre las pruebas se encuentran hechos en los que se involucra a exfuncionarios de gobiernos anteriores; a Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador, entre otros, cuyos procesos están en vías de judicialización.
Cabe mencionar que luego de la decisión del presidente de la República, Nayib Bukele, de decretar alerta roja y pedir a la Asamblea Legislativa que apruebe Estado de Excepción en el país, la comisión decidió poner en receso el proceso.
