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Las organizaciones que integran la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) exigieron ayer al gobierno y Asamblea Legislativa combatir la evasión tributaria y aprobar una reforma fiscal donde “paguen más quienes tienen más”.
Ése es el camino para llevar más recursos al fisco, afirmó la Alianza, no el incremento de tarifas o impuestos a los consumidores. Por eso rechaza el aumento de 13% a la factura energética, aún cuando su impacto no sea significativo para el bolsillo familiar.
Para la ASGOJU “son válidos los esfuerzos del Ejecutivo por incrementar sus ingresos, pues necesita recursos para inversión social, financiar la seguridad y pagar la deuda heredada de los gobiernos anteriores”; sin embargo, sostiene que “los mecanismos adecuados para esto son el combate a la evasión tributaria y la aprobación de una reforma fiscal progresiva”.
La Alianza señala que “el gobierno enfrenta un creciente déficit presupuestario debido a la evasión tributaria que ronda 1,500 millones de dólares anuales, una veintena leyes (Turismo, Zonas Francas, Servicios Internacionales, etc.) que permiten la elusión y el boicot de la Sala Constitucional que revirtió el FONAT, anuló la reforma que gravaba a empresas que declaran pérdidas para evadir y bloquea la emisión de los 900 millones en bonos”.
Y para resolver la delicada situación de las finanzas públicas, ASGOJU exige que el Ejecutivo -a través del Ministerio de Hacienda- impulse una política eficiente de combate a la evasión tributaria y que la Asamblea Legislativa que apruebe las leyes, reformas o decretos necesarios para dicha tarea.
La Alianza exhorta especialmente a la oposición política -que se rasga las vestiduras por el incremento de la tarifa energética y se presenta falsamente como defensora de los consumidores- a que apoye los esfuerzos contra la evasión, elusión y contrabando.
ASGOJU propone que la izquierda gobernante y todas las organizaciones populares, progresistas y democráticas hagan “frente común para una reforma fiscal progresiva que incluya impuestos directos al patrimonio, a productos y bienes de lujo, a la gran ganancia empresarial y grandes transferencias financieras”.
Así “se desmontaría la estructura tributaria regresiva, contribuiría a la justicia tributaria y proveería mas recursos estatales para financiar la seguridad pública, protección social, reactivación productiva, saneamiento ambiental, obras de infraestructura, etc.; y no sería necesario incrementar tarifas ni aplicar más impuestos a la población consumidora”, sostiene la Alianza.
