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Redacción Nacionales
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El presidente del Colegio Médico de El Salvador, Iván Solano Leiva, sostuvo que la destitución de personal experimentado pone en riesgo la capacidad de atención de los hospitales y afecta la estabilidad laboral del sector. El dirigente gremial también dijo, en Encuentro con Julio Villagrán, que los despidos masivos de trabajadores del sistema público de salud forman parte de un proceso de reestructuración que podría derivar en la privatización progresiva de los servicios sanitarios.
Solano recordó que en diciembre de 2025 fueron despedidos alrededor de 1,800 trabajadores del Hospital Nacional Rosales, medida que fue reconocida por el Ministerio de Trabajo como parte de una reestructuración del sistema. A su juicio, esto contradice las versiones que atribuían las destituciones a supuestos problemas de desempeño o maltrato a pacientes, como se justificó hace siete meses a través de las redes sociales.
El dirigente señaló que el Colegio Médico emitió un pronunciamiento en el que reconoce como positivo que el Gobierno haya iniciado el pago de indemnizaciones a parte del personal despedido, pero advirtió que aún existen miles de trabajadores de otras dependencias del sistema de salud que continúan sin recibir esa compensación.
Del sector salud han sido despedidos 7772 empleados, entre médicos, enfermeras y otro tipo de personal clínico, con formación académica y gran experiencia.
Según el médico, la decisión de despedir personal ya estaba contemplada desde la aprobación, en agosto de 2025, de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, normativa que incorporó al Hospital Rosales dentro del nuevo esquema organizativo del sistema público de salud. Afirmó que, si el Ejecutivo ya tenía prevista esa reestructuración, debió incluir desde el presupuesto de 2026 los recursos destinados al pago de indemnizaciones.
El presidente del Colegio Médico indicó el gremio médico trasladó la situación a organismos internacionales. En ese sentido, explicó que el Colegio Médico informó sobre estos acontecimientos a la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe (CONFEMEL), organización que agrupa a aproximadamente 2.5 millones de médicos en la región.
Además, señaló que la Central Médica Iberoamericana para el Estudio y Defensa del Trabajo Médico remitió comunicaciones dirigidas al Gobierno salvadoreño, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), expresando preocupación por los despidos y solicitando que se verifique el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por El Salvador.
Durante la entrevista, Solano afirmó que los despidos no se limitan al Hospital Rosales. Con base en información proporcionada por sindicatos del sector, estimó que cerca de 8,000 trabajadores de diferentes instituciones públicas de salud habrían sido separados de sus cargos, incluyendo personal del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Añadió que varios profesionales han denunciado haber sido notificados de sus despidos mediante mensajes de WhatsApp, sin procedimientos administrativos previos ni procesos de defensa, lo que constituye una violación al debido proceso laboral.
El dirigente gremial sostuvo que la salida de médicos, enfermeras y personal especializado representa una pérdida significativa de experiencia acumulada durante años de formación profesional, inversión que, aseguró, ha sido financiada por el Estado.
Asimismo, manifestó su preocupación por las condiciones laborales del nuevo personal contratado para el Hospital Nacional Rosales. Según explicó, muchos empleados fueron incorporados bajo modalidades distintas a la tradicional ley de salarios, mediante contratos que, a su juicio, ofrecen menor estabilidad y menos prestaciones laborales.
Solano relacionó estas medidas con las recientes reformas legales sobre asocios público-privados y con disposiciones contenidas en la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, las cuales, según su interpretación, permitirían concesionar determinados servicios de salud. Afirmó que existe el riesgo de que hospitales públicos remodelados o modernizados sean administrados posteriormente por empresas privadas.
Pese a sus cuestionamientos, reconoció que la construcción del nuevo Hospital Rosales representa un avance importante en infraestructura y equipamiento tecnológico. Sin embargo, también afirmó que existen dificultades para operar plenamente debido a la falta de personal especializado. Según explicó, de las 75 camas disponibles para cuidados intensivos, únicamente una parte estaría funcionando por insuficiencia de médicos y enfermeras capacitados.
El presidente del Colegio Médico también expresó reservas sobre del programa Doctor SV, plataforma que utiliza telemedicina e inteligencia artificial para brindar consultas médicas. Aunque reconoció que la iniciativa facilita el acceso a servicios para enfermedades comunes y reduce tiempos de espera, sostuvo que no resuelve problemas estructurales del sistema, como el desabastecimiento de medicamentos, la escasez de especialistas y la falta de atención presencial para pacientes con enfermedades complejas.
Además, cuestionó el elevado costo de ese programa y advirtió que podría convertirse en un mecanismo para ampliar la participación de proveedores privados dentro del sistema público de salud.
Añadió que, de acuerdo con información obtenida por el gremio, varios médicos extranjeros contratados para laborar en el nuevo Hospital Rosales ya habrían renunciado, al igual que parte del personal salvadoreño incorporado recientemente, situación que atribuyó a las condiciones laborales ofrecidas.
Finalmente, Solano hizo un llamado a los trabajadores del sistema de salud que consideren vulnerados sus derechos laborales a documentar sus casos y presentarlos ante el Colegio Médico, con el propósito de impulsar acciones nacionales e internacionales para exigir el respeto al debido proceso y a las garantías laborales.
