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El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador denuncia irregularidad en los procesos judiciales de los presos políticos. Foto Diario Co Latino/Samuel Amaya.

COFAPPES denuncia la manipulación del sistema judicial contra presos políticos

Rebeca Henríquez
@RebeHenríquez

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) denunció este jueves la manipulación del sistema de justicia, falta de ética y profesionalismo e imparcialidad de los jueces que se desempeñan en el gobierno en turno, una situación que agrava el deterioro del Estado de derecho del país y la situación de las personas perseguidas políticamente, ya que repercute en los procesos judiciales.

El Comité expuso tres casos donde se violentó el debido proceso, el derecho a la defensa, derecho de igualdad y los derechos humanos. En primera instancia el “Caso Monarca”, en el cual se desarrolló audiencia preliminar por ocho días consecutivos en el mes de agosto ante el Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca, presidido por la jueza Miriam Aracely Salazar de Argueta, en el cual fueron procesadas 19 personas de forma “injusta” que aún siguen bajo detención.

La organización determinó que el 12 de septiembre la jueza a cargo dio a conocer el fallo, “el cual no se apega al derecho en su resolución”, al no decretar medidas sustitutivas de las personas, cuando se comprobó el deterioro de salud de los detenidos, y el riesgo que viven dentro de los centros penales debido a las condiciones inhumanas.

En el “Caso de Ex funcionarios y Funcionarias” del Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Violeta Menjivar, Erlinda Handal y los licenciados Calixto Mejía y Carlos Cáceres finalizaron la etapa de instrucción en el mes de agosto y actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el dictamen de acusación de San Salvador, pero Mejía, quince meses después sigue en prisión con enfermedades que requieren de atención médica.

En el caso “Asocambio”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio un ultimátum de 10 días al Estado salvadoreño para que emita respuesta sobre el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Roque, pero no se obtuvo respuesta, lo que denota un evidente “incumplimiento del derecho a la salud, la falta de atención médica para los presos políticos”.

“Existe un favoritismo cuando los jueces y los magistrados sirven al mandato del Gobierno en turno, pero por el contrario los jueces que aplican al derecho son trasladados (…). No puede seguir el sistema de justicia de esta manera manipulada”, señaló Ivania Cruz, de la organización, y, además, aseguró que presentarán denuncias internacionales contra los jueces que no cumplen el mandato de la Constitución.

El representante legal del Comité, Rudi Joya, denunció que sufrió amenazas por parte de la jueza Miriam Salazar, por denunciar las arbitrariedades que se surgen alrededor de los casos que la organización tiene en proceso.  “Hace casi un año quedó documentado en el mismo expediente judicial que la señora jueza Miriam Salazar intimidó a este servidor para que no siguiera denunciando ese tipo de arbitrariedades, e incluso, hay una resolución donde me hace saber que si yo no dejaba de denunciar me iba a reportar ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó.

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