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Saúl Méndez
Colaborador
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos (COFAPPES) denunció ante la comunidad nacional e internacional que el Juzgado Primero Contra el Crimen Organizado estaría incurriendo en actuaciones que ponen en riesgo el debido proceso de los integrantes de la Alianza El Salvador en Paz procesados en este caso.
Según Lourdes Palacios, vocera de la organización, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado presentar pruebas que vinculen a los miembros de la Alianza con los delitos que se les imputan.
«No existe el ‘testigo’ informante anónimo que en 2024 declaró haber conocido el plan del complot para crear caos en El Salvador», afirmó.
Para COFAPPES, el proceso judicial está sustentado en inconsistencias y falsedades.
«Dicho tribunal realizó prevenciones al dictamen de acusación porque, según indicaron, presentaba algunas inconsistencias, pero dicho documento no fue del conocimiento de los defensores. Ante semejantes irregularidades, dicho juzgado pretende manipular a conveniencia el proceso», lamentó.
Asimismo, señalaron que desde la captura de los procesados han transcurrido más de dos años y que la FGR ha solicitado en varias ocasiones la prórroga de la detención provisional bajo el argumento de continuar las investigaciones. Sin embargo, sostienen que durante ese período no se han encontrado indicios ni pruebas suficientes que respalden los delitos atribuidos a los imputados.
Los líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron capturados entre el 30 y 31 de mayo de 2024 por los delitos de agrupaciones terroristas y actos terroristas cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicos, armas de destrucción masiva o artículos similares, hechos que presuntamente habrían ocurrido en el contexto de la toma de posesión del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele. No obstante, organizaciones de derechos humanos y la defensa técnica sostienen que la acusación carece de elementos probatorios suficientes y responde a un intento de criminalizar a dirigentes opositores.
Aunque la FGR solicitó una prórroga de 24 meses de detención provisional para los veteranos, mientras continuaba recabando pruebas, el 3 de diciembre el tribunal únicamente autorizó una ampliación de seis meses. En esa ocasión, la jueza señaló que, si el Ministerio Público no contaba con nuevos elementos probatorios, debía solicitar un sobreseimiento, ya fuera definitivo o provisional, y que no podrían continuar requiriendo nuevas prórrogas.
Guillermo García, abogado defensor de José Santos «Pepe» Melara y Luis Rolando Menjívar, sostuvo que la detención de los veteranos por los presuntos actos de terrorismo fue ilegal y arbitraria, ya que, según afirmó, hasta la fecha no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación. Además, consideró que el encarcelamiento responde a un intento de debilitar a los movimientos sociales.
COFAPPES también denunció que el juzgado notificó a los procesados para rendir declaración indagatoria, lo que, según la organización, constituye una presión indebida.
«Quieren obtener la declaración antes de realizar la audiencia preliminar, buscando con ello confundir y poner en contradicción a los detenidos», alertó.
Además, señalaron que la notificación enviada a Atilio Montalvo, uno de los imputados, no establecía con claridad el objetivo de la citación.
«Atilio se presentó pese a su delicado estado de salud; fue interrogado durante cuatro horas, sin importarles el maltrato a su condición física y cuestionando los procedimientos de diálisis diaria que él requiere», aseguró Palacios.
COFAPPES insistió en que toda persona detenida puede declarar en cualquier etapa del proceso o abstenerse de hacerlo si así lo recomienda su defensa.
«Que el tribunal presione es violatorio del derecho a defensa», sostuvo.
Además, exigieron que se respete el estado de salud de Atilio Montalvo y que se garantice atención médica adecuada para José Santos Melara, Luis Menjívar y el resto de veteranos y excombatientes procesados.
Asimismo, reiteraron su exigencia de que los imputados sean puestos en libertad, al considerar que no existen pruebas que sustenten las acusaciones en su contra.
«Agradecemos el acompañamiento de todas las personas y organizaciones que se han solidarizado con nuestra lucha por la libertad de los presos políticos de la Alianza. Asimismo, solicitamos a la comunidad internacional mantenerse atenta a este emblemático proceso judicial que demuestra, una vez más, la persecución política contra activistas sociales basada en pruebas fabricadas por las instituciones del Estado», concluyeron.
