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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Organismos sociales, abogados defensores y familiares exigen la libertad inmediata de los detenidos ante la falta absoluta de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República. Denuncian coacción procesal por parte del Juzgado Primero Contra el Crimen Organizado e interrogan de forma indolente a Atilio Montalvo pese a su delicado estado de salud.
Lourdes Palacios, vocera oficial de COFAPPES, fue la encargada de dar lectura al comunicado oficial ante los medios de comunicación nacionales e internacionales. En su intervención, enfatizó la preocupación del comité ante las acciones emprendidas por el tribunal a cargo de la causa. “Denunciamos a la comunidad nacional e internacional las maniobras que realiza el Juzgado Primero Contra el Crimen Organizado, ya que ponen en riesgo directo el debido proceso para los presos políticos de la Alianza El Salvador en Paz. La Fiscalía General de la República no ha podido presentar una sola prueba fehaciente que atribuya responsabilidad penal a los miembros de la Alianza; no existe el «testigo» informante anónimo que en 2024 declaró haber conocido el plan del supuesto complot para crear caos en El Salvador. Todo el caso se basa en inconsistencias y mentiras”
Palacios señaló que las irregularidades en el expediente son tan notorias que el propio tribunal realizó prevenciones al dictamen de acusación debido a múltiples deficiencias y vacíos técnicos. Sin embargo, dicho documento de prevención fue ocultado deliberadamente a los abogados defensores, imposibilitando un ejercicio transparente del derecho de defensa.
Arbitrariedades del tribunal denunciadas en el comunicado:
- Se enviaron notificaciones a los procesados para rendir declaración indagatoria en un tono de obligación, alterando la naturaleza opcional de dicho acto procesal.
- Se busca forzar las declaraciones antes de la audiencia preliminar con el fin de generar contradicciones y confundir a los detenidos.
- La notificación dirigida a Atilio Montalvo carecía de claridad sobre el objetivo de la cita. A pesar de su delicada condición médica, Montalvo compareció y fue sometido a un interrogatorio de cuatro horas, cuestionando de forma insensible sus procedimientos diarios de diálisis médica vital.
Ante estos hechos, COFAPPES reafirmó que la declaración de un imputado es un derecho de la defensa y no un mecanismo de presión judicial. Exigieron el cese inmediato del acoso hacia Montalvo, atención médica idónea para José Santos Melara, Luis Menjívar y demás excombatientes detenidos, y la restitución inmediata de su libertad ante la falta de evidencias.
El abogado defensor Luis Rivera ofreció una valoración técnica detallada sobre el estado del caso penal, argumentando que el proceso carece de sostenibilidad jurídica y violenta principios procesales básicos. “El proceso es completamente inconsistente. No existe prueba testimonial, pericial, científica ni documental que pueda ratificar la detención de los miembros de la Alianza. No hay ningún tipo de información sólida que pueda señalar de forma colectiva o individual a nuestros defendidos sobre los supuestos cargos que se les imputan. Nosotros esperamos que, de acuerdo con los principios procesales y constitucionales, la jueza actúe conforme a derecho y considere la inexistencia de pruebas consistentes para dictar el sobreseimiento”
El cuerpo jurídico enfatizó que mantener bajo detención cautelar a ciudadanos sin un sustento probatorio real constituye una detención arbitraria que erosiona el Estado de derecho y convierte las instituciones de justicia en herramientas de represalia.
El impacto social de las detenciones fue expuesto por los familiares de los procesados. Víctor Esquivel y Rosa Flores compartieron el difícil escenario que afrontan día a día ante la ausencia de sus seres queridos:
- Las familias enfrentan graves privaciones económicas y emocionales para sostener la logística diaria, visitas y gestiones legales.
- Los familiares ratificaron que la detención responde de manera inequívoca a una persecución política por el trabajo social de los acusados.
- Reiteraron que, pese a la presión institucional, mantienen la convicción de que sus familiares son personas luchadoras, comprometidas con las causas justas del país.
La conferencia de prensa contó con el acompañamiento activo de diversos sectores populares, veteranos de guerra y movimientos sociales que se sumaron a la exigencia de libertad.
David Jovel, representante del sector de veteranos y excombatientes de la Alianza, reafirmó el compromiso del sector: “Desde los veteranos de guerra y excombatientes estamos dando un seguimiento firme y constante a cada paso de este caso. No nos vamos a retirar de las calles ni de los tribunales hasta lograr la liberación definitiva de nuestros compañeros”
Por su parte, la activista Sonia Viñerta expresó la indignación del movimiento social frente a las injusticias cometidas: “Nos encontramos aquí dando muestras de profunda solidaridad, recordando a la población civil que cada persona inocente que permanece encerrada en una celda está sufriendo injustamente por un delito que no cometió y por una causa que no debe pagar”
Al cierre de la lectura del comunicado, COFAPPES y las organizaciones participantes sintetizaron sus demandas centrales dirigidas al Estado salvadoreño y a la opinión pública internacional:
- Cese de las coacciones procesales y respeto absoluto al derecho constitucional a la defensa.
- Garantía de tratamiento adecuado, oportuno y digno para Atilio Montalvo, José Santos Melara, Luis Menjívar y el grupo de veteranos privados de libertad.
- Cierre de las causas penales y liberación inmediata de todos los procesados ante la fabricación de pruebas y la falta de sustento acusatorio.
- Solicitud formal a los organismos internacionales de derechos humanos para dar seguimiento al caso y constatar la instrumentalización de las instituciones públicas con fines de persecución política.
