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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
EI Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), en relación a la resolución del Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, sobre el caso denominado como «sobresueldos», celebró que cuatro exfuncionarios evitaran seguir en prisión y pasaran a hacer trabajos de utilidad pública.
COFAPPES saludó a Violeta Menjívar, Erlinda Handal, Hugo Flores y Carlos Cáceres por haber logrado la libertad el día 30 de noviembre. Es de recordar que ellos se sometieron a un proceso abreviado y confesaron cometer los delitos que se le imputaban para ser sentenciados a 3 años de cárcel sustituibles con trabajos de utilidad pública.
«Expresamos que los procesos políticos en El Salvador no tienen una salida jurídica apegada a derecho, ya que en algunos casos, solo queda de alternativa el proceso abreviado para evitar ser puestos en prisión», comentó COFAPPES a través de un comunicado de prensa.
La organización señaló «un trato desigual e injusto» para Calixto Mejía, pues el juzgado lo remitió a vista pública. «Esta acción solo demuestra lo injusto e inequitativo en la aplicación de la ley por parte del sistema».
Calixto Mejía permaneció dos años en prisión y otros noventa días adicionales «en forma ilegal», a pesar de tener la resolución judicial de libertad ratificada en segunda ocasión por el juzgado respectivo, la dirección del centro penal no le permitió salir, planteó COFAPPES.
Entre los acusados ausentes que pasaron a vista pública también se encuentra el ex presidente Salvador Sánchez Cerén, señalado de supuestamente haber recibido $530,000 de la partida secreta durante su periodo como vicepresidente de la República (2009-2014); el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, por $290,000, la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, por $177,000; el exministro de Agricultura y expresidente de CEPA, Guillermo López Suárez, por $565,000, y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública, por $150,000.
