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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, presentó reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV), en la que propone agregar nuevos supuestos a delitos de expresión de violencia hacia la mujer, se agrega un literal que habla de la violencia obstétrica del acoso callejero y a la discriminación laboral.
Se eleva el perfil de las personas que deben estar atendiendo a las mujeres en las unidades especializadas de atención a la mujer de las instituciones del sistema de justicia para que sean abogados/as con especialización en temas de derecho de mujeres y se agrega también que el Ministerio de Trabajo debe garantizar que no exista acoso laboral y que haya lactario y lugares para el cuido de los hijos e hijas.
«Proponemos eso porque creemos que responden a la realidad nacional y que las mujeres necesitan», enfatizó la parlamentaria.
Entre estas reformas, destaca el «acoso callejero», que “es una acción o conducta de hostilidad física o psicológica que se ejerce sobre una mujer en lugares públicos de forma verbal o no verbal con la finalidad de aislar, intimidad, humillar, manosear o dañarla”. Este punto, es muy complejo, ya que diariamente las mujeres se ven expuestas y sobre todo en el transporte público a que hombres quieran sobrepasarse e intentar tocar su cuerpo.
La diputada Ortiz propone que el acoso callejero tenga una penalidad de 4 a 6 años de cárcel si el acusado es hallado culpable, así lo establece en el Art. 7 de las reformas:
«En caso de conductas referidas a los litorales G, H e I, la sanción será de presión de 4 a 6 años», reza la propuesta.
Justamente, el literal G dice: «Utilizar expresiones verbales, comportamiento o proposiciones de carácter sexual como el roce o frotamientos contra su cuerpo, o masturbación, que creen a la víctima una situación humillante, hostil o intimidatoria en el transporte público o vía pública», a lo cual, dichas conductas pueden ser llevadas a los tribunales.
Las reformas pasarán a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género.
