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Yaneth Estrada
@caricheop
La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, organización supranacional que está integrada por los tribunales, cortes y salas que ejercen la jurisdicción constitucional en el ámbito de la comunidad iberoamericana de naciones expresó su preocupación por “la decisión de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador de destituir a los integrantes de la Sala de lo Constitucional, medida que ha afectado a los cinco magistrados propietarios y a los magistrados suplentes”.
La Conferencia tiene como uno de sus fines estatutariamente el de “preservar y potenciar la independencia y la imparcialidad de los tribunales, cortes y salas constitucionales, así como de sus miembros”.
En el caso de El Salvador, con la nueva Sala juramentada se pierde esa independencia e imparcialidad, dado que el presidente Nayib Bukele, en cadena de radio y televisión justificó el tener funcionarios “afines”.
Desde el respeto a la diversidad de ordenamientos y modelos constitucionales de los diferentes Estados iberoamericanos, la Conferencia considera que “forma parte de nuestro patrimonio común el principio de independencia de los jueces”. Y aclaró que “cualquier separación anticipada del cargo de un juez constitucional debe obedecer exclusivamente a causas
previamente establecidas por la ley, adoptada mediante decisión debidamente motivada y en un proceso que respete las garantías establecidas”.
También, la Conferencia apela a la necesidad de preservar y garantizar la independencia y la imparcialidad de los miembros de los tribunales, cortes y salas constitucionales, que tienen
encomendada la función de velar por la supremacía jurídica de cada Constitución.
Recalca que “corresponde al resto de las instituciones públicas contribuir a hacer realidad dicha independencia, evitando actuaciones que la comprometan y acatando las sentencias dictadas por la jurisdicción constitucional, garante e intérprete máximo de nuestras constituciones”.
Sobre el mismo tema también se pronunciaron PROES, ICEFI, FUNDE y FUDECE, señalando que “la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general afecta el estado de derecho, la institucionalidad democrática y el orden constitucional establecido”.
Añaden que los efectos económicos inmediatos no se han dejado esperar: el precio de los bonos salvadoreños se desplomó y el aumento en el riesgo país ha llevado a los bancos de inversión a alertar sobre los efectos adversos.
