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La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley CESC aplicado a las telecomunicaciones. Sin embargo, seguirá vigente hasta el 05 de noviembre, fecha en que se deroga la Ley. Foto Diario Co Latino / Archivo.

CESC es declarado inconstitucionalidad por ser un doble impuesto: Sala C.

Joaquín Salazar
@JoakinSalazar

A menos de 15 días de que la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) pierda vigencia, los magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon que era un doble impuesto grabado a las telecomunicaciones, por lo que se declara la inconstitucionalidad en algunos artículos.  La inconstitucionalidad es declarar por la vulneración al principio de capacidad económica derivado de la equidad tributaria, según el artículo 131 ordinal 6° de la Constitución de la República.  “La razón es que, según sus hechos generadores, el tributo creado en la referida ley es un impuesto y no una contribución especial, que grava las mismas manifestaciones de riqueza que ya se encuentran gravadas por la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios”, sostiene la Sala en su resolución.

Pese a ello, la Sala de lo Constitucional aclaró que los efectos de la inconstitucionalidad de la Ley CESC no son retroactivos, es decir, “los contribuyentes no podrán reclamar a la administración tributaria la devolución de las cantidades que hubieren pagado de manera previa en concepto del referido tributo”.

El efecto de la sentencia de inconstitucionalidad se posterga hasta el 05 de noviembre, aclaró la Sala, ya que la Ley de Contribución Especial para la seguridad ciudadana y convivencia cesa su vigencia en esa fecha, dicha medida es en conciencia a la situación financiera del Estado y que dichos recursos ya se encuentran en el Presupuesto 2020.

La Contribución Especial de Seguridad fue creada en el 2015, por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, para financiar los programas del Plan El Salvador Seguro, de los cuales muchos proyectos hoy son retomados bajo el Plan Control Territorial, pero fundamentalmente sirvió para darle bonos a los policías y soldados que participaban en apoyo a la seguridad.  El gobierno solicitó, semanas atrás, que esta Ley sea aplicada a las grandes empresas y no a la ciudadanía, esto ante la pérdida de vigencia de la Ley que ya no se contempla para el Presupuesto 2021.

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