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La pandemia generada por el coronavirus (COVID-19) reveló la fragilidad de la globalización y el multilateralismo, ya que ocasionó una crisis sistémica tanto de oferta como de demanda, que evidenció la urgencia de que las naciones busquen un nuevo paradigma de desarrollo bajo la premisa de un gran impulso por la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Por ello, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena llamó a la construcción de un pacto político, social y económico tanto a nivel nacional como regional y global, y de un contrato social justo, inclusivo y progresivo.
Bárcena hizo el llamado durante la 24 Conferencia Anual de la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina. Durante su intervención, subrayó que: “Necesitamos un cambio estructural progresivo. Más que hablar de reconstrucción tenemos que hablar de transformación, para elevar la productividad, con innovación, pero con la igualdad y la sostenibilidad en el centro”.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL resaltó la importancia de impulsar un Estado social y representativo, que no favorezca a la élite. Agregó que América Latina y el Caribe está cansada de la cultura del privilegio, por lo que se debe avanzar hacia una cultura de la igualdad.
“También debe haber rendición de cuentas para evitar que salgamos de esta crisis más endeudados, más pobres, más hambrientos y más enojados, y ese enojo social tiene que ser canalizado por un Estado representativo, que convoque a toda la sociedad a un diálogo amplio”, enfatizó Bárcena.
Datos de la CEPAL indican que la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 magnificó las brechas estructurales en América Latina y el Caribe. Asimismo, planteó que la región vivirá una contracción del 9.1 % en 2020, la peor en 100 años; las exportaciones caerán -23 % y la pobreza alcanzará a 230 millones de personas (45 millones más).
Otros datos de la CEPAL indican que al menos 33 millones de personas caerán de los estratos medios a la pobreza, de tal manera que ocho de cada 10 personas en la región (490 millones) van a requerir un ingreso básico y políticas universales. La desigualdad llegará al 5 % en promedio y el desempleo afectará a 44 millones de personas. Además, 2.7 millones de pequeñas y medianas empresas van a cerrar.
Por lo que Bárcena destacó que la CEPAL ha propuesto varias medidas para estimular la demanda, a partir de un gran impulso ambiental y de la sostenibilidad, con infraestructura digital, mayor inversión en salud y mantener el consumo de los hogares con un ingreso básico a todas las personas en situación de pobreza, equivalente a una línea de pobreza (150 dólares al mes), complementado con un bono contra el hambre de alrededor de 47 dólares al mes.
La comisión regional propone también una canasta básica digital con un costo promedio del 1 % del PIB y entregar subsidios y mayores plazos y períodos de gracia en los créditos a las Mipymes, así como implementar políticas redistributivas para ir hacia una protección social universal, sobre todo en salud.
