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Yaneth Estrada
@caricheop
El ministro de Salud, Francisco Alabí insiste en que el Hospital El Salvador necesita $30 millones, pero la Asamblea Legislativa solo aprobó $15 millones, que “no alcanzan a cubrir todas las necesidades del nosocomio especializado en la atención de pacientes con coronavirus”.
Según el funcionario, se requerían $15.5 millones para remuneraciones de empleados, $5.5 para compra de reactivos e insumos para el funcionamiento del banco de sangre y laboratorios del hospital, y cerca de $3 millones para adquisición de oxígeno.
Estas declaraciones contrastan con las auditorías realizadas por la Corte de Cuentas de la República (CCR), las cuales determinaron un préstamo al ISSS por más de $30 millones para equipar dicho nosocomio.
Además, se debe considerar que para el presupuesto 2020, aunque salud tuvo un incremento de $69.3 millones en comparación a 2019, el área de hospitales se redujo en $40.26 millones.
Alabí recalcó que, pese a la emergencia sanitaria y a que El Salvador es uno de los países de la región con menos presupuesto para dicha cartera de Estado, durante la emergencia se ha garantizado el abastecimiento de medicamentos. Acá se incluye una aún confusa compra de $575 millones de hidroxicloroquina, que luego fue destacada por la OMS para atender casos de COVID-19.
Sobre un posible aumento de casos de COVID-19 en el oriente del país, Alabí dijo que han incidido factores como la reapertura económica y una interacción comercial muy fuerte entre los municipios de San Francisco Gotera, Santa Rosa de Lima y Corinto, donde han sido instalados cercos sanitarios para contener la propagación del virus.
En ese contexto, el ministro Alabí aclaró que, de momento, no se reporta una cantidad suficientemente alta de casos para establecer un cerco sanitario en la ciudad de San Miguel. “Ahorita se ha descartado, sin embargo, no podemos relajar las medidas”, puntualizó.
Sobre las medidas sanitarias
“Al Ministerio de Salud le corresponde establecer los requisitos sanitarios para ingresar al país. No estamos solicitando algo que vaya en contra de la salud de la población, es una medida necesaria en el contexto de una crisis sanitaria”, enfatizó el ministro de Salud, Francisco Alabí, este viernes.
Asimismo, explicó: “La mayoría de la población que se ha consultado, específicamente los viajeros, sobre la exigencia de la prueba PCR negativa para ingresar al país, opina que la medida es congruente y muy acertada”. Sin embargo, existe un fallo de la CSJ sobre su ilegalidad.
El 17 de septiembre, la Sala resolvió suspender los efectos de las decisiones adoptadas por las autoridades del Ministerio de Salud, de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y de Dirección General de Migración y Extranjería, en la que no permitirían el ingreso de los salvadoreños y extranjeros con residencia en el país, que no presenten una prueba PCR negativa a COVID-19.
Ante la insistencia del Ejecutivo de aplicar la medida arbitraria que riñe con el artículo 5 de la Constitución, la Sala de lo Constitucional dio por incumplida la medida cautelar sobre pedir las pruebas de COVID-19 para ingresar al país y notificó a la fiscalía del posible cometimiento de delitos por parte de funcionarios de Gobierno.
Y es que para que el Código de Salud tenga efecto, en el articulado que afecta artículos de la Constitución, debe haber una ley de emergencia o una ley de suspensión de garantías constitucionales.
Desde hace un par de meses no existen ninguna de esas dos leyes, pues el Ejecutivo se ha negado a negociar en la Asamblea Legislativa los términos de una ley de emergencia, por considerar que no es necesario.
