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Redacción Nacionales
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La comunidad Santa Marta y organizaciones sociales informaron que la Cámara Penal de San Vicente declaró en firme el fallo absolutorio de los líderes ambientalistas, luego que la FGR no presentara el recurso de casación para revertir la sentencia donde fueron declarados inocentes.
Es de recordar que, en enero de 2023, al menos 8 personas fueron detenidas por un supuesto homicidio ocurrido durante la guerra civil salvadoreña; sin embargo, los líderes ambientalistas demostraron en dos ocasiones que son inocentes. La FGR no pudo comprobar en sede judicial los delitos que les imputaban.
El segundo fallo absolutorio fue declarado oralmente el 24 de septiembre de 2025, en ese momento fueron absueltos por el supuesto delito de asesinato en contra de María Inés Alvarenga Leiva y del delito de asociaciones ilícitas. Con la declaración en firme, Fidel Dolores Recinos Alas, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega y José Eduardo Castañeda finalizan el proceso penal que llevaban en su contra.
La Cámara informó que, por otra parte, se elevó el recurso de casación de parte de Miguel Ángel Gámez, incluidos Teodoro Antonio Pacheco, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que modifique la condena en concepto de responsabilidad civil en abstracto que decretó el Tribunal de Sentencia de San Vicente.
Es de contextualizar que estos 4 buscan que la Sala les retire el pago de una indemnización económica a la familia de la presunta víctima; la defensa de los procesados argumenta que, si el tribunal decretó absolución, no tendrían que pagar una responsabilidad civil ya que se demostró que no cometieron el ilícito.
En conferencia de prensa, la comunidad Santa Marta en acompañamiento de organizaciones sociales habló sobre el tema; reiteraron su satisfacción “por la libertad definitiva” de los líderes ambientalistas.
Que la cámara declare en firme la absolución “ratifica lo que afirmamos a lo largo del proceso judicial, son inocentes y nunca hubo pruebas en su contra”, dijo Alfredo Leiva, dirigente de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) Santa Marta, Cabañas.
A juicio de Leiva, la acusación “fue una criminalización por defender el medio ambiente y advertir sobre la reactivación de la minería metálica, fue una persecución contra el activismo ambiental antiminero y no una acusación real sobre un supuesto delito de la guerra civil que fue usado como pretexto”.
A la vez, la comunidad reiteró su inconformidad por la condena civil en abstracto contra algunos de los procesados “porque no tiene ninguna justificación legal, nadie debe pagar por un delito que no cometió”.
Por ello, respaldan el recurso de casación en el cual se demuestra que no existe relación de causalidad entre los supuestos delitos juzgados y la condena civil. La comunidad pidió a la Sala de lo Penal de la CSJ que resuelva, eliminando la responsabilidad civil: “queremos una absolución total sin condiciones y sin más persecuciones”, exigió la comunidad.
Alfredo Leiva sostuvo que la absolución de los líderes comunitarios demuestra que aún “en estas condiciones tan adversas” es posible triunfar “si luchamos sin miedo, con decisión y por convicción en los ideales de justicia y democracia que siempre hemos defendido y promovido”.
Milton Rivas, hijo de Pedro Rivas, uno de los líderes ambientalistas procesados, enfatizó que en este momento “nos damos cuenta que siempre tuvimos razón; ellos (líderes) estuvieron ocho meses presos, ocho meses que perdieron de su vida estando presos siendo inocentes y como en este caso, hay muchos otros que están en esa misma situación, es algo lamentable y que es oportuno denunciarlo”, consideró Rivas.
Luis Rivera, abogado del MDCT, señaló que la Cámara no tenía otra alternativa ante la falta de pruebas del ministerio público fiscal. “Hay un sabor agridulce, obviamente, porque todavía continúa latente la responsabilidad civil en abstracto sobre cuatro de los compañeros, pero consideramos que a partir de todas las pruebas que existen en el proceso, la Sala de los Penal, (…) va a también absolverlos de esa responsabilidad civil”.
Peter Nataren, representante de la comunidad Santa Marta, señaló que este proceso significa una luz para poder luchar por los demás “presos políticos en este régimen”, tales como Ruth López, Enrique Anaya y los propios veteranos de guerra.
Organizaciones sociales y sindicales como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, el Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT), el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico y el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos (Cofappes) brindaron su respaldo a los líderes ambientalistas y esperan que la condena civil les sea eliminada.
La comunidad, en su comunicado, hizo un llamado a la población a defender el agua, el medio ambiente, la salud y la continuidad de la vida, las cuales se ven “gravemente amenazadas por la reactivación de la minería”. Además, instaron a los tomadores de decisiones a que deroguen la Ley General de Minería Metálica aprobada a finales de diciembre de 2024.
De hecho, la iglesia católica presentó 150 mil firmas a la Asamblea Legislativa en marzo del año pasado para pedir la derogación de la Ley de Minería; además ciudadanos organizados presentaron en ese mismo mes, más de 50 mil firmas a la Sala de lo Constitucional para que derogue la Ley de Minería; sin embargo, tanto la Asamblea como la Sala están al servicio del Ejecutivo ya que, hasta el momento, no les dieron respuestas.
“Estas instituciones no están al servicio del país, sino al servicio de las corporaciones, o sea, ellos defienden intereses”, concluyó Alfredo Leiva.
