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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático (CD), solicitó reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio de las Personas, para eliminar vacíos dejados durante su aprobación en 2011.
El parlamentario, afirmó que la ley permitió regular un mercado complejo como el del crédito, tan importante para el desarrollo económico de la familia y el país, pero tiene debilidades.
“Consideramos que la Ley ha venido funcionando, pero también hemos encontrado prescripciones, por ello, queremos solucionarlas y que se garanticen los derechos que tienen las personas que forman parte de los morosos en un historial crediticio”, dijo Martel.
Martel, consideró que es de vital importancia precisar los derechos de las personas que deben y se encuentran en un historial crediticio, además de las responsabilidades de los buró de crédito que cobran estas deudas.
La propuesta presentada por el CD da al ciudadano la posibilidad de apoyarse en la Ley de la Defensoría del Consumidor, cuando se le amenace con ingresar a un historial crediticio de morosos; además, se incorporan atribuciones a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), para el control del trabajo que desarrollan los burós de crédito.
Entre otras cosas, la SSF podrá investigar si los gestores de cobro cuentan con instalaciones físicas, mecanismos eficientes de atención al público y si cumplen con los plazos establecidos para eliminar a las personas de los listados de deudores de crédito.
“La propuesta le da un nuevo rol a la Asamblea Legislativa, que es el de recibir un informe semestral de la Superintendencia para que también, desde este órgano de Estado, se garantice el cumplimiento real de estas nuevas funciones de la SSF”, sostuvo el legislador.
La modificación de ley eleva las sanciones económicas y se eleva también su categorización de graves a muy graves, por la alta cantidad de quejas que los usuarios de crédito efectúan por estas vulneraciones.
El CD, indicó que en el país existen al rededor de 400 mil personas que tienen deudas por tarjetas de crédito, las cuales ascienden a mil 64 millones de dólares, a diciembre de 2018, y por ello es importante regularlas para garantizar la actividad económica del país.
