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Colectivos universitarios
Redacción Nacionales
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Los colectivos de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de la Universidad de El Salvador (UES) señalaron que la captura del abogado constitucionalista, Enrique Anaya, profundiza el deterioro de la convivencia democrática en El Salvador.
La captura de Anaya se suma a la de Ruth Eleonora López, directora de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal; el pastor de la iglesia Elim en la Cooperativa El Bosque, Ángel Pérez y el abogado ambientalista, Alejandro Henríquez, lo cual, forma parte de un patrón de represión orientado a neutralizar referentes éticos, académicos, jurídicos y territoriales.
Estos hechos no son aislados, en febrero se capturó a Fidel Zavala, quien denunció las torturas en cárceles de El Salvador, mientras que, en mayo de este año se ordenó la captura de Ivania Cruz y Rudy Joya, abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC).
“En El Salvador, el gobierno de facto del clan Bukele está profundizando la persecución y represión estatal contra la libertad de expresión y la defensa de la legalidad, la ética y la justicia social. El sábado 7 de junio, policías vestidos de civil, bajo coacción armada, capturaron a Enrique Anaya, abogado constitucionalista”, expresó la comunidad universitaria.
En estos casos, el Estado aplica de manera “perversa” figuras penales como estafa, resistencia agresiva, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, sin evidencias, ni respeto al debido proceso, y con el silencio cómplice de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Procuraduría General de la República (PGR).
“El régimen de facto ha activado una estrategia de capturas, apuntando a personas vinculadas a redes de defensa de derechos humanos, movimientos socioambientales, las universidades y procesos educativos populares”, expresaron los movimientos y colectivos de la UES.
Asimismo, reiteraron que ante la incapacidad de resolver los problemas que afectan a la población, este gobierno busca imponer a fuerza bruta un consenso autoritario por medio del miedo, la criminalización de la libertad de expresión y desarticulación de las organizaciones civiles que demandan la vigencia del Estado de derecho en la nación.
Consideraron que esta campaña de capturas injustificables coincide con la pérdida de credibilidad en las promesas y narrativas del gobierno, es una operación de guerra psicológica orientada a reprimir el pensamiento crítico y la resistencia civil, bajo una apariencia de legalidad.
“Como comunidad universitaria exigimos el cese inmediato de las capturas a defensores de derechos humanos y del uso del sistema judicial como instrumento de persecución política; llamamos a la comunidad universitaria, movimientos sociales, gremios profesionales, sindicatos, organizaciones territoriales y medios independientes a ampliar el rechazo colectivo a esta avanzada represiva”, manifestaron.
Exhortaron a las naciones que acompañaron el proceso de paz en El Salvador, organismos internacionales como la ONU y CIDH, redes académicas y defensorías de derechos, que acompañen, vigilen y actúen de manera urgente ante esta escalada de represión estatal.
