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Redacción Nacionales
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La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) rechazó la captura del abogado constitucionalista, Enrique Anaya, lo cual es una prueba que el gobierno de Nayib Bukele persigue a quienes opinan diferente a él y defienden derechos.
“Nayib Bukele utiliza a la Fiscalía que se ha convertido en su Oficina Jurídica Privada, así como el Órgano Judicial para una judicialización de la política, venganza política y silenciar, con fabricación de delitos, a quienes le incomoda”, sostuvo.
Para UNIDEHC, estas acciones de manera arbitraria y a través del discurso mediático de terror, es prueba que el presidente inconstitucional Nayib Bukele lleva a cabo una política de persecución hacia abogados valientes, quienes denuncian las arbitrariedades, ilegalidades y vulneraciones de derechos humanos en El Salvador.
“Las acciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del abogado constitucionalista y crítico del gobierno, Enrique Anaya, generan claramente una inseguridad jurídica en el país y un peligro a los derechos o garantías constitucionales”, aseguró la organización.
El presidente Bukele dijo en el discurso de la ONU el año pasado, que no se persiguen opositores, se respeta la libertad de expresión y no se hostigan a las personas por expresar sus opiniones, sin embargo, la captura de Anaya, acusado por el supuesto delito de lavado de dinero y activos, y abierto crítico del gobierno, demuestra lo contrario.
Señaló que la política de miedo y persecución inició con los abogados de UNIDEHC, Ivania Cruz y Rudy Joya en febrero de 2025; continúo con las capturas arbitrarias de los abogados Alejandro Henríquez del movimiento ReverdES y Ruth Eleonora López de Cristosal, y ahora la detención arbitraria de Enrique Anaya.
UNIDEHC hizo un llamado a la comunidad jurídica y gremios de abogados en El Salvador, a unirse y no dejar pasar por alto, lo que actualmente vive el país, como la falta de garantías para quienes defienden derechos, la corrupción fiscal y judicial; así como la falta de independencia judicial que existe, de manera notoria y evidente.
“Pedimos urgentemente a la comunidad nacional e internacional, organismos internacionales y cuerpos diplomáticos en general, a seguir las acciones de denuncia y legales pertinentes”, enfatizó.
